Categoría: Comisiones Nacionales

C.P.C. Rubén Darío Davalos Palomera

Integrante de la CROSS Nacional

Como ustedes saben, recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha endurecido los procedimientos para la revisión de las condiciones de trabajo en las empresas.  Incluso, dentro del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023 dado a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro de las acciones de fiscalización, entre otras, se destaca el combate a esquemas de evasión que involucren empresas “factureras” y Revisión de esquemas de evasión de empresas que involucren “nomineras”, donde no es de descartarse que parte de estas revisiones las realice la STPS como parte de las revisiones a los centros de trabajo que ya se están realizando, incluso dichas revisiones están enfocadas a verificar que no exista simulación de la prestación de servicios especializados, comúnmente denominado “empresas REPSE”.

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C.P.A. Ernesto Fernández Parra

Integrante de la CROSS Nacional

La actividad de la construcción en el catálogo de actividades del artículo 196 del Reglamento del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF), considerada de manera específica dentro de la división 4, en el grupo 41 para la construcción de edificaciones y de obras de ingeniería civil, clasificada en las fracciones 411 y 412, como de alto riesgo en la clase V, y en el grupo 42 para otras fases de la construcción y que son considerados como trabajos realizados por contratistas especializados.

Esta actividad, tenga o no el carácter de especializada, es la que tiene más controversia, la más importante o una de ellas, la que más le genera ingresos al IMSS ya que es en la que más enfoca sus facultades de comprobación para el cumplimiento de las metas que ellos mismos se establecen, tiene además un reglamento especial. Esta actividad es por demás importante para el desarrollo del país en la que aparecen nombres de grandes empresas constructoras,  empresarios, ingenieros, arquitectos, propietarios, contratistas y subcontratistas, ya que en un momento dado y cumpliendo alguno de los requisitos establecidos o bien que no se cumpla, cualquiera de ellos puede ser o no patrón ante el Seguro Social, y más ahora, que se considera la actividad en muchos casos para efectos del REPSE, ya que las obras de la construcción se confunden, tanto por parte de los funcionarios públicos como por los patrones, con otras obras de carácter o servicios especializados, y que deben de cumplir con las condiciones y requisitos como lo establece la Ley Federal del Trabajo.

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C.P.C. Mauricio Valadez Sánchez

Integrante de la CROSS Nacional

Con fecha 30 de marzo de 2023 el C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, diputado integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometió a consideración del Pleno iniciativa con proyecto de Decreto por el que se pretende reformar el Apartado A, fracciones I, II y IV, Apartado B, fracciones I y II, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de jornada laboral.

El objetivo de la presente iniciativa es reformar el apartado A, fracciones I, II y IV, Apartado B, fracciones I y II del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los dos siguientes puntos fundamentales:

1. Reducir la duración de la jornada laboral máxima de 8 a 7 horas.
2. La jornada máxima de trabajo nocturno de 7 a 6 horas.
3. Por cada cinco días de trabajo, disfrutarán los trabajadores de dos días de descanso, cuando menos.

Con lo anterior se pretende que haya una reducción de los accidentes de trabajo, una mayor eficiencia en las horas laborales, y por sobre todas las cosas, una mayor disponibilidad horaria para que los trabajadores dediquen a sus familias y proyectos personales.

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Criterio que aplicó el IMSS para resolver la inconsistencia para el pago de la cuota patronal de cesantía y vejez a partir del 1 de enero de 2023

C.P.C.  Crispín García Viveros
Integrante de la CROSS Nacional

El 16 de diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) decreto que reforma la Ley del seguro social y la Ley del sistema de ahorro para el Retiro que modifica los Ramos de Cesantía en edad avanzada y vejez, en lo siguiente:

• Menos semanas de cotización. Para acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez solo se necesitaron 750 semanas de cotización en 2021 (este número se irá incrementando gradualmente en 25, hasta que se alcancen 1,000 semanas, en el año 2031), y no las 1250 como está estipulado en la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. La modificación se realizará en los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social.
• Menos comisiones de Afores. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) deberán estar en el margen de los estándares internacionales. Además, se aprobó un máximo de comisiones del 0.54% sobre el saldo del trabajador.
• Beneficiarios en caso de fallecimiento. Se reforma el artículo 193 de la Ley del Seguro Social para que, en caso de que el pensionado fallezca, los beneficiarios obtengan el pago correspondiente de manera más rápida y ágil, sin necesidad de acudir a una instancia jurisdiccional.
• La aportación del trabajador no se modifica. Este se verá beneficiado al no haber incremento en sus aportaciones para el retiro, por lo que se mantiene en 1.13%.

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C.P., M.F. y P.C.CA. José Alfredo Aburto Gaitán

Integrante de la CROSS Nacional

En el sistema jurídico mexicano, la Constitución es la máxima norma jurídica. Esta afirmación implica asumir que es vinculante por sí misma y que las normas inferiores que no respeten su contenido son inválidas. En este sentido, los derechos fundamentales han dejado de ser principios programáticos que únicamente podían hacerse efectivos cuando el legislador los materializaba en normas jurídicas para convertirse en normas con eficacia directa. Sin embargo, algunas normas que contienen derechos fundamentales están redactadas de manera abstracta e indeterminada.

A partir de la incorporación de tratados internacionales, la expedición de leyes generales para la protección de grupos en situaciones de vulnerabilidad o de la novedosa actividad judicial en la materia, el derecho de los adultos mayores comúnmente conocidos como de la tercera edad. Los cambios en esta área del derecho hablan de una nueva relación entre el derecho constitucional y el derecho de los adultos mayores y parten de recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de las personas de la tercera  edad  los cuales están basados en las  premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además de los derechos universales contenidos en esos ordenamientos, las personas mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

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C.P.C. y P.C.FI. Javier Juárez Ocoténcatl

Integrante de la CROSS Nacional

La Ley del Seguro Social considera invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive en una enfermedad o accidente no profesional.

El seguro de invalidez y vida es una cobertura que se tiene cuando un trabajador está en el régimen obligatorio por el cual tiene derecho a recibir una pensión; cuando sufre de una enfermedad no profesional (es decir que no fue definida de un riesgo de trabajo), una enfermedad que se derivó de una situación no establecida por un accidente o una exposición de una actividad propia de su trabajo.

Un accidente que no se efectuó en su lugar de trabajo, que ocurrió en días de descanso o fuera de su ámbito de trabajo.

Y es una enfermedad o accidente que tiene como consecuencia que el trabajador ya no pueda laborar como lo venía haciendo en forma regular y por lo tanto este incapacitado para desempeñar sus labores habituales.

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