Categoría: Comisiones Nacionales

El LIC. JOSÉ MIGUEL ERREGUERENA ALBAITERO, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre el “Desconocimiento de la compensación como forma de pago del impuesto al valor agregado (Jurisprudencia PCXVI A, J/4ª (11ª) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito)”.

El presente artículo tiene por objeto analizar la jurisprudencia dada a conocer por medio del Semanario Judicial de la Federación el 12 de agosto de 2022, emitida por el Pleno en Materia Administrativa de Guanajuato:

• PC XVI A, J/4ª (11ª), de rubro IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 1°-B Y 5°, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, NO DA LUGAR A INTERPRETAR QUE, EN LA DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR, LA FIGURA EXTINTIVA DE LA COMPENSACIÓN, APLICABLE EN EL DERECHO CIVIL, SEA UN MEDIO DE PAGO PARA ACREDITAR DICHO IMPUESTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020).

Recientemente, el criterio jurisprudencial mencionado ha sido materia de debate, y resulta necesario analizar los motivos del desconocimiento de la figura de la compensación como medio para saldar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) trasladado en operaciones entre particulares, provocando, que no se considere como acreditable el impuesto trasladado y pagado de esta forma de extinción de las obligaciones.

Asimismo, se exponen los motivos de disenso respecto del pronunciamiento del Pleno de Circuito en Materia Administrativa de Guanajuato, y se aborda brevemente el concepto de compensación previsto en la materia civil y los requisitos previstos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para considerarlo acreditable.

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El C.P. y P.C.FI Víctor Cámara Flores, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre la “Reforma al artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación en materia de razón de negocios para fusión y escisión”.

Como parte de la reforma fiscal que se aprobó el 26 de octubre de 2021 en el Congreso de la Unión y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de noviembre, incluyó modificaciones a la LISR, LIVA, LIEPS, el CFF, la LFD y la LIF; entre estos cambios, hubo una importante adición al artículo 14-B del CFF.

Esta reforma considera nuevas facultades para que la autoridad fiscal aplique la presunción de no existencia de una razón de negocios, para los casos de fusión o escisión, por lo que, considerando la relevancia de esta reforma, a continuación, se analizan algunos aspectos relevantes.

Antes de entrar en el análisis de la reforma, vale la pena recordar el contexto legal en el que se inserta. Al respecto, el artículo 14 del CFF define los casos en que existe enajenación de bienes para efectos fiscales, y en su fracción IX, señala que se entiende que existe enajenación de bienes, la que se realiza mediante fusión o escisión de sociedades; sin embargo, establece que esta regla general no será aplicable, si se cumplen los supuestos referidos en el artículo 14-B del mismo ordenamiento.

A su vez, el artículo 14-B señala los requisitos que deben cumplir estas operaciones para no ser consideradas como enajenación; así, tenemos que, en el caso de fusión, los requisitos pueden resumirse en: a) se presente el aviso en el que se cancele el Registro Federal de Contribuyente (RFC) de la(s) entidad(es) fusionada(s) conforme a la fracción XIII del artículo 30 del Reglamento del Código; b) que posterior a la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaba la(s) sociedad(es) fusionada(s) además de las propias, excepto cuando se cumplan con algunos supuestos, y c) que la sociedad que subsista o surja de la fusión cumpla con la obligación de presentar las declaraciones de impuestos que hubiera(n) correspondido a la(s) sociedad(es) fusionadas.

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El LIC. MANUEL SÁINZ ORANTES, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre “Materialidad de las operaciones para efectos fiscales. La necesidad de atender este concepto con un enfoque global al interior de las empresas”.

La materialidad de las operaciones es un concepto que se ha convertido en materia de controversia entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, debido a que es motivo del rechazo de deducciones para efectos del ISR o acreditamiento para efectos del IVA, con el consecuente impacto de enfrentar créditos fiscales excesivos y, en muchas ocasiones, absurdos y arbitrarios.

Desafortunadamente, este concepto de materialidad no se encuentra definido en la legislación ni desarrollado en los reglamentos. Tampoco se cuenta con directrices claras de las autoridades fiscales para su entendimiento o aplicación.

La justificación que las autoridades fiscales han tenido para cuestionar la materialidad de las operaciones es que no “se le puede dar efectos fiscales a las operaciones que no existen o existieron en la realidad”, lo cual se estima correcto y totalmente lógico; sin embargo, en la práctica se ha abusado de esta tendencia para cuestionar operaciones reales, ya sea actuando arbitrariamente o, en ocasiones, aprovechándose de la dificultad que implica recabar el soporte documental respectivo de operaciones que ocurrieron en el pasado.

Este artículo no busca criticar o cuestionar si resulta correcto o no que las autoridades fiscales hagan uso de este mecanismo en las revisiones que practican a los contribuyentes, sino concientizar a estos últimos de la problemática existente y la manera en la cual se puede mitigar el riesgo de que sus operaciones sean cuestionadas por falta de materialidad.

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El C.P.C. ENRIQUE GÓMEZ CARO, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre “Ejercicio en que deben declararse los ingresos por herencia o legado”.

La fracción XXII del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), establece que no se pagará el impuesto por los ingresos que reciban las personas físicas por herencia o legado.

No obstante, a efecto de que sea procedente dicha exención, se debe cumplir con la obligación de declarar los ingresos por herencia o legado, en la declaración del ejercicio, en virtud de lo dispuesto por el párrafo quinto del propio artículo 93 de la LISR.

Para tal efecto, el párrafo tercero del artículo 150 de la LISR señala:

Artículo 150. […]

En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma.

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El C.P.C. Y P.C.FI. MARCIAL A. CAVAZOS ORTIZ, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre “LA MATERIALIDAD EN EL ÁMBITO FISCAL”.

Desde hace algunos años, se utiliza con frecuencia el término materialidad, primero se incluyó en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), como la importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría, es decir, tiene una relación directa con la relevancia y con las transacciones significativas.

Sin embargo, actualmente las autoridades fiscales aducen dicho término, y no sorprende que con el incremento en la eficacia de las herramientas empleadas para las directrices de fiscalización, ya no observen únicamente los elementos de forma, como el cumplimiento en los requisitos de los comprobantes fiscales, el flujo de efectivo, el debido registro en los sistemas, contratos, las retenciones y su entero, etc., es decir, todo el soporte jurídico para considerar la validez de una operación, sino que ahora también revisan los elementos de fondo en las deducciones, con ello aluden los conceptos como: materialidad, sustancia económica y razón de negocio. Esta situación no deja de generar preocupación entre los contribuyentes cumplidos, ya que por muy estrictos controles que tengan en sus procesos, al no estar definido el concepto de materialidad, se encuentran legalmente en un estado de inseguridad e indefensión.

Lo anterior ha propiciado el análisis del término materialidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), quienes han determinado ciertos elementos que podrían demostrar la materialidad de algunas operaciones; no obstante, no se tiene todo un universo de casos con los que se pueda identificar el soporte de la materialidad, de este modo, el asunto de la materialidad resulta muy subjetivo e incierto.

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El C.P.C. MARIO J. RÍOS PEÑARANDA, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre las “Reformas con tendencia recaudatoria en materia de IVA”.

El principal desafío que afrontan las personas morales es el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales a las que se encuentran sujetas, porque en caso de no contar con una adecuada gestión de estas, se podría incurrir en faltas que deriven en sanciones legales, económicas e incluso reputacionales. Por tal razón, es importante identificarlas, tanto en su carácter de contribuyente como de retenedor, así como considerar la rapidez de los cambios legislativos y reglamentarios, al igual que la creciente transformación digital que han emprendido las autoridades fiscales, por lo que resulta apremiante medir cualquier riesgo tributario.

En virtud de lo anterior, la interrogante a dilucidar sería: ¿por qué las empresas deben integrar a su estrategia de negocio una perspectiva de gestión de cumplimiento?

La respuesta natural es porque se debe de atender sin ninguna cortapisa el compromiso que la empresa tiene que cumplir en materia tributaria, pero si además le incorporamos elementos tales como las acciones emprendidas por las autoridades fiscales, las cuales se pueden materializar con el incremento de los requerimientos de información, un mayor número de actos de fiscalización, la identificación oportuna de omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones, así como llevar a cabo actividades de cobranza coactiva, resulta más que obvia la necesidad de establecer mecanismos que protejan la subsistencia y la continuidad de cualquier negocio.

Adicionalmente, no se puede pasar por alto que la autoridad tiene implementados entre otros el programa de cumplimiento de obligaciones y el programa de vigilancia profunda, con los cuales se han hecho eficientes las acciones de vigilancia y control tributario.

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