Categoría: Comisiones Nacionales

El L.C.P. Federico Aguilar Millán, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre los “BEPS, mecanismos híbridos y su tratamiento de la LISR”.

Uno de los objetivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el ámbito fiscal global es ayudar en el desarrollo de reglas que colaboren con la eficiencia de los mercados globales. Esto requiere postular políticas que propicien una asignación justa de derechos y obligaciones tributarias entre los países.

La globalización y digitalización de la economía, la ubicación geográfica de alguna de las funciones y/o el cambio en su modelo de negocios, ha creado la oportunidad para la implementación, por parte de las multinacionales, de estructuras que generan Erosión de Base Fiscal y la Transferencia de Utilidades (BEPS, por sus siglas en ingles).

Una de las 15 acciones desarrolladas por el grupo de trabajo que busca neutralizar los efectos de BEPS tiene que ver con las recomendaciones que pueden producir los mecanismos híbridos (Acción 2).

El objeto de este artículo no es hacer un análisis detallado de dicho tema, sino comentar desde un punto de vista práctico, algunos de los aspectos más relevantes y controversiales que pudieran derivarse de los cambios efectuados en nuestra legislación fiscal que han incorporado algunas de esas recomendaciones.

Para descargar la versión completa da clic aquí.

El C.P.C. Marcial A. Cavazos Ortiz, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre los “Beneficios fiscales en México para inversionistas extranjeros”.

La pandemia por COVID-19 ocasionó diversos problemas, entre otros, dificultades de suministro y el cierre de muchos centros de trabajo, con ello se produjeron cambios, que dieron origen al nearshoring, el cual tiene la función de acercar las instalaciones y procesos de producción de las empresas para fabricar la totalidad o partes del producto final al territorio de consumo, lo que les permite tener mejor control y gestión de sus operaciones.

Aunque México es un país que siempre ha contado con inversión extranjera, con la llegada del nearshoring podría afirmarse como un destino propicio para la inversión extranjera, ya que, posee una geografía estratégica para realizar negocios, además de que cuenta con buenas prácticas internacionales y en materia de impuestos tiene beneficios en sus zonas fronterizas norte y sur, así como en el Istmo de Tehuantepec.

Los extranjeros pueden invertir en México mediante el establecimiento de una sucursal, o con participación en sociedades mexicanas nuevas, o con adquisición de acciones de sociedades mexicanas ya constituidas. Asimismo, deben realizar trámites migratorios, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), realizar trámites ante la Secretaría de Economía, asimismo, dependiendo de la actividad económica, podría requerirse la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Si contratan trabajadores, necesitan el alta Patronal e Inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En caso de que por el desarrollo de los procesos productivos o de consumo de la actividad, se generen residuos peligrosos, se deberá realizar el registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Para descargar la versión completa da clic aquí.

El C.P. Arturo Lomelín Martínez, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre la “Enajenación de acciones por residentes en el extranjero”.

El presente artículo tiene como finalidad comentar las diversas disposiciones contenidas en el artículo 161 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), relativo a la enajenación de acciones o títulos valor, realizadas por residentes en el extranjero.

El artículo 1 de la LISR en vigor, dispone que:

Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I.- Las residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda.

II.- Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

III.- Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

La misma LISR, en su Título V, de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, establece los distintos ingresos por los cuales los residentes en el extranjero están obligados al pago del impuesto sobre la renta en México.

Para descargar la versión completa da clic aquí.

El C.P.C. Mario J. Ríos Peñaranda, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, con la colaboración de la C.P. Andrea Zapata Arana, realizó un análisis sobre las “Alternativas de inversión que permitan obtener mayores rendimientos a las personas físicas”.

De conformidad con la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada en 2021 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los instrumentos de ahorro / inversión formal más utilizados entre la población son las cuentas de ahorro y cheques, seguidos de las cuentas de nómina.

Sin embargo, actualmente el mercado ofrece portafolios diversificados, los cuales incluyen más opciones de instrumentos de ahorro e inversión, como podrían ser la deuda gubernamental, sociedades de inversión, instituciones de seguros, bienes raíces, entre otros.

Es por lo anterior que decidimos analizar específicamente solo dos alternativas de inversión que podrían resultar atractivas para cierto sector de la población, ya que en gran medida el destino que se le otorga a los rendimientos obtenidos por los inversionistas (personas físicas), se utilizan para garantizar el pago de servicios educativos de sus descendientes o bien, como un plan de protección patrimonial para ellos mismos o sus familiares, lo cual deviene en una suerte de ahorro o prevención.

Debido a lo anterior, a continuación, desarrollaremos el estudio y análisis de los rendimientos obtenidos por las personas físicas derivados de: i) la constitución de fideicomisos educativos y ii) la contratación pólizas de seguros que incluyen la cobertura de supervivencia con componente de inversión, esto a la luz de la perspectiva de su tratamiento fiscal.

Antes de adentrarnos en lo que establecen las disposiciones fiscales, es importante señalar que estas alternativas que analizaremos se adicionaron a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en diciembre de 2002, cuando el entonces presidente Vicente Fox Quezada señaló que se tenía prevista una tasa de crecimiento de la economía que permitiría mantener el dinamismo del ahorro interno, especialmente en los sectores que demandaban títulos a largo plazo.

Para descargar la versión completa da clic aquí.

El C.P.C. Luis Ignacio Sánchez Gutiérrez, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre la “Cancelación de los Certificados de Sello Digital”.

El Certificado de Sello Digital (CSD), que genera el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los contribuyentes, es un elemento indispensable para que estos últimos puedan emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), como son los relativos a ingresos, egresos o de nómina.

En función de lo anterior, es indispensable que un contribuyente cuente con un CSD vigente, para que pueda interactuar, en el ámbito fiscal, con otros contribuyentes y con sus propios empleados o trabajadores.

De ahí que el legislador ha venido promoviendo a favor de las autoridades fiscales, una gran cantidad de regulaciones que les permiten cancelar los citados certificados o bien restringir temporalmente su uso, lo que implica dejar al contribuyente sin la posibilidad de seguir interactuando en el terreno fiscal, para evitar que siga realizando actividades que el Fisco Federal considere nocivas para la recaudación, como es el caso, por ejemplo, de contribuyentes dedicados a la emisión de comprobantes que amparan operaciones inexistentes.

Hasta aquí, se puede ver razonable que las autoridades fiscales cuenten con facultades para restringir el uso o cancelar los certificados, tratándose de casos extremos, como el antes señalado.

Sin embargo, cada vez se han venido ampliando los supuestos en que las autoridades fiscales pueden aplicar estas medidas extremas, en contra de un contribuyente, lo que se puede prestar a acciones que pongan en riesgo fuentes de trabajo y que, incluso, puedan ser calificadas como arbitrarias.

Para descargar la versión completa da clic aquí.

El Abogado Pablo Puga Vértiz, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre la “Jurisprudencia en materia fiscal. Regulación actual”.

La jurisprudencia se encuentra su sustento legal en el artículo 94, párrafo Décimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al señar que: “La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción”. La ley secundaria en la que recaen los criterios y reglas generales para la formación de la jurisprudencia, así como su obligatoriedad se encuentran en la Ley de Amparo, específicamente en los artículos 215 a 220 y 222 a 229.

En el artículo 73, fracción XXIX-H de la CPEUM se establece la facultad del Congreso para expedir la ley que instituye al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de plena autonomía para dictar sus fallos, y establecer su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones, siendo ésta, la Ley Orgánica del citado tribunal, la cual, en sus artículos 17 y 18 faculta tanto al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior, como a la Primera y Segunda Sección de dicha Sala, para, entre otras atribuciones, establecer, modificar y suspender la jurisprudencia conforme a las disposiciones legales aplicables, situación que se regula en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA).

En el Título V de la citada ley denominado “De la jurisprudencia” se establece cómo se fijará la jurisprudencia que emane del Tribunal y específicamente en su artículo 76 establece que: “Para fijar jurisprudencia, el Pleno de la Sala Superior deberá aprobar tres precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario. También se fijará jurisprudencia por alguna Sección de la Sala Superior, siempre que se aprueben cinco precedentes no interrumpidos por otro en contrario”.

Para descargar la versión completa da clic aquí.

El C.P.C. Allen Saracho Carrillo, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP realizó un análisis sobre los “Aspectos fiscales de la inversión en Exchange Traded Funds referidos a bitcoin”.

En México, desde 2018 se publicó Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), la cual contiene la legislación aplicable a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF). Al respecto del capítulo III de dicho ordenamiento se establecen los lineamientos aplicables a las operaciones realizadas con activos virtuales, que para efectos del presente análisis resulta relevante la definición contemplada en el artículo 30. Dicho artículo define “activo virtual” como la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo por medios electrónicos. Asimismo, aclara que la moneda de curso legal, es decir, el peso, las divisas o monedas de curso legal en otras jurisdicciones no son considerados activos virtuales.

De lo anterior, resulta evidente la contraposición del término criptomoneda con la verdadera naturaleza de estos activos, ya que de acuerdo en lo establecido en la legislación los “activos virtuales” no son considerados como moneda de curso legal ni como divisa.

Si bien hoy en día es posible comprar y vender criptomonedas mediante plataformas electrónicas especializadas ubicadas en otras jurisdicciones, recientemente se autorizó a ciertos vehículos de inversión colectiva la adquisición de estos activos. Al respecto, el 10 de enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission [SEC, por sus siglas en inglés]) aprobó el lanzamiento de varios Exchange-Traded Funds (ETF) de bitcoin (BTC) referidos a bitcoin.

Para descargar la versión completa da clic aquí.