Categoría: Comisiones Nacionales

El C.P.C. Alfredo Esquivel Boeta, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre los “Impuestos ecológicos”.

El objetivo de este artículo es dar a conocer la tendencias y acuerdos internacionales, así como la medidas nacionales y locales sobre su regulación y la implementación de los impuestos ecológicos. Esto es con el fin de que el enfoque del tributo ecológico motive al productor a invertir en el desarrollo de tecnología eficiente que reduzca la contaminación ambiental y, con ello, disminuyan los costos operativos y de producción.

En primera instancia, se debe reconocer que estos impuestos no se establecieron con carácter recaudatorio. Sin embargo, de acuerdo con los compromisos internacionales y temas de tipo social y de salud, en beneficio a las comunidades, es necesario realizar una labor de difusión con los actores y establecer una cultura contributiva respecto de estos “impuestos verdes”, y, al mismo tiempo, contar con leyes más severas que permitan abatir los efectos de los contaminantes.

En el ámbito internacional, es evidente que los países abanderados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), están preocupados por los efectos que producen la contaminación al ambiente, a la atmósfera, a las aguas, al suelo y al subsuelo. Debido a esto, se han establecidos compromisos internacionales.

Los compromisos internacionales para combatir el cambio climático se articulan, principalmente, por medio de convenios como el Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global y fomentar la adaptación para reducir sus efectos. Además, existen otros tratados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, que establecen marcos para la acción internacional en este ámbito.

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El Lic. Marco Antonio Mendoza Soto, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre la “Aplicación del estímulo fiscal complementario a los combustibles automotrices y la responsabilidad solidaria”.

En este artículo se analiza detalladamente, desde una perspectiva jurídica y fiscal, la viabilidad legal y los riesgos derivados del uso del estímulo fiscal complementario aplicable a combustibles automotrices, establecido por el Decreto del 4 de marzo de 2022.

El enfoque específico se centra en la figura jurídica de la responsabilidad solidaria contemplada en el artículo 26, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación (CFF), evaluando la posibilidad de aplicar dicho estímulo para extinguir obligaciones tributarias de terceros.

Para el análisis, se toma como referencia un caso hipotético derivado de hechos reales, donde un contribuyente (al que denominaremos “Contribuyente B”) recibió una nota informativa titulada: “Estímulo Fiscal en Materia de Impuestos y Servicios Aplicables a Combustibles”, elaborada por una empresa (a la que identificaremos como “Empresa A”).

En esta nota, la “Empresa A” propone utilizar el estímulo fiscal complementario obtenido por ella misma para asumir la responsabilidad solidaria respecto a las obligaciones fiscales del “Contribuyente B”, específicamente para el pago del impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al valor agregado (IVA).

La finalidad perseguida es extinguir estos adeudos tributarios mediante la formalización administrativa ante la autoridad fiscal competente.

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El C.P.C. Francisco Arguello García, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre la “Contratación de extranjeros que prestan servicios en México”.

México, gracias a su localización geográfica y reconocida mano de obra calificada, siempre ha sido un importante receptor de inversión extranjera que ha llevado a empresas de todo el mundo a establecer plantas productivas en nuestro país, situación que en los últimos años se ha incrementado debido al fenómeno conocido como Near Shoring.

Este tipo de inversiones productivas requieren en la mayoría de las ocasiones que los corporativos internacionales envíen a nuestro país a algunas personas con experiencia, tanto en la operación productiva como administrativa, normalmente conocidas como “expatriados”, con el propósito de apoyar, supervisar o administrar tanto el arranque de las operaciones, así como su posterior reporteo de acuerdo con las políticas que los grupos o compañías extranjeras siguen a nivel global.

Esta situación normalmente lleva al personal que se encarga de la administración y del cumplimiento de obligaciones en México a cuestionarse sobre ¿cuáles son los requisitos legales, implicaciones y obligaciones que deben cumplir en el caso de tener trabajando a personal extranjero que fue asignado por el corporativo global? o bien, cuando se contrata a una persona física de manera independiente, qué consideraciones se deben tomar partiendo del supuesto que ya existe una persona moral legalmente constituida y en operación o bien, una persona física que realiza actividades profesionales o empresariales requiere de contratar o tener a este tipo de personas prestando un servicio.

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El C.P.C. Daniel Santiago López, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre el “Estímulo fiscal, crédito del IEPS al diésel”.

Los contribuyentes que importan o adquieren diésel o biodiésel y sus mezclas, el cual es necesario para su consumo final en maquinaria en general, en vehículos marinos, así como para para su uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga y turístico, deben considerar que se acerca la fecha de la presentación de la declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) por el año 2024 y, por ende, la posibilidad de aplicar el estímulo fiscal relativo a la compra de diésel, con los beneficios otorgados por las disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

A partir del ejercicio fiscal 2002, podemos encontrar en la LIF diversos estímulos fiscales aplicables a determinados contribuyentes, que por su actividad requieren de la compra de diésel. Desde su incorporación en la LIF a la fecha su aplicación ha venido cambiando, por lo que en este artículo comentaré las disposiciones vigentes para su aplicación.

El primero de ellos se encuentra en la fracción I del apartado A del artículo 16 de la LIF para 2024, que se otorga a las personas que realicen actividades empresariales y que importen o adquieran diésel para su consumo final, con la condición de que se utilice solo como combustible en maquinaria en general y a vehículos marinos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El segundo está en la fracción IV del mismo apartado A del artículo 16 de la LIF, mediante el cual otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico. Para efectos del presente artículo, nos centraremos en el estudio y análisis de este estímulo.

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El C.P.C: José Miguel Erreguerena Albaitero, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, realizó un análisis sobre la “Emisión de acciones por debajo de su valor nominal”.

Para dilucidar estos temas se requiere un análisis integral que considere tanto la literalidad de la ley como los principios fundamentales del derecho societario y la protección de los diversos intereses involucrados: accionistas actuales, futuros inversionistas y acreedores de la sociedad y terceros.

Para comprender el concepto de valor nominal, es necesario primero establecer la naturaleza jurídica de las acciones y su relación con el capital social conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).

El artículo 111 de la LGSM establece:

Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley.

Por su parte, el artículo 112 de la misma ley señala que:

Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos.

Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 17.

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