Las microempresas mexicanas son las más afectadas respecto a la regulación del outsourcing, consideró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

En conferencia de prensa, Rolando Silva Briceño, presidente de la CROSS Regional Centro del IMCP, refirió que, legislativamente, ya se cuenta con las herramientas suficientes para vigilar el outsourcing; sin embargo, la aplicación de éstas es insuficiente y se cae en una sobrerregulación que afecta a los patrones de microempresas.

Explicó que las microempresas tienen limitaciones en cuestiones de dinero, por lo que cumplir con la ley puede tener un impacto económico muy importante en ellas.

“Las pymes son obligadas a buscar un esquema más económico y lejos de mitigar la subdeclaración y la defraudación fiscal, se fomenta que los pequeños empresarios busquen alternativas más económicas. Es caro mantener una nómina y llevar en orden todo lo que implica para los pequeños patrones”.

Precisó que si bien se ha buscado la manera adecuada de regular al outsourcing, a la fecha no se ha visto una reducción en estas prácticas y las empresas siguen declarando menos de lo que realmente obtienen, además de afectar a sus trabajadores.

“Aplaudimos cualquier tema que se haga en contra de la corrupción, sobre todo en lo que se refiere a empleos en donde se afecta a la población más vulnerable. Sin embargo, sentimos que si bien el esfuerzo es mucho, el resultado es poco (…) No vemos un decremento en estos servicios, se ha visto incluso más demanda”.

Regresar deducción total de nómina

Respecto a cómo solucionar los problemas que la regulación del outsourcing puede generar a las microempresas, Silva Briceño indicó que sería importante regresar a las compañías poder hacer deducción total de la nómina.

Además, recomendó tener un trato diferenciado entre las empresas que sí cumplen y las que no, saber el porqué y buscar soluciones como ciertos incentivos fiscales.

No obstante, refirió que no ve cercano que se apliquen incentivos fiscales para las empresas, ya que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que no se realizará una reforma fiscal en los primeros tres años del sexenio.

“No veo un incentivo fiscal cercano porque no veo siquiera las intenciones de generarlo. Incluso me parecería que hoy no es un tema que se tenga en la cabeza y es una solicitud de ayuda para el pequeño empresario. El gobierno considera que todos los patrones son ricos y tienen empresas gigantescas. Pero la diferencia que pedimos es darle facilidades para el cumplimiento a los pequeños empresarios”.

Añadió que la no deducibilidad completa de la nómina fomenta la informalidad y la búsqueda de esquemas agresivos, más que generar un beneficio fiscal para el patrón.

No hay terrorismo fiscal

En cuanto a las diversas leyes que se están discutiendo en el senado, sobre defraudación fiscal y la Ley de Extinción de Dominio, el IMCP indicó que no se ha llegado a un terrorismo fiscal y, esperan, continúe de esa manera.

Advirtió que probablemente este tipo de modificaciones genere incertidumbre en los contribuyentes, sobre todo en cuanto a saber si son o no partícipes de algún delito sin conocerlo tal cual.

“Hace 20 años que estuvo muy de moda esa definición de terrorismo fiscal, pero era por la forma en que actuaba la autoridad hacendaria a finales de los años 90. Hoy estamos hablando de imponer sanciones más agresivas para aquellos que cometan ilícitos (…) No siento que sea una terrorismo fiscal per se, sino imponer sanciones más agresivas para que seamos cuidadosos con lo que hacemos”, señaló Ricardo Martín González, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.