Si las sanciones son demasiado punitivas, se puede desincentivar el cumplimiento de la ley.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe ir tras delincuentes en el tema del lavado de dinero, no por los sujetos obligados, refirió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Javier López López, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo del IMCP, indicó que el programa de autorregularización del SAT para sujetos obligados que realicen actividades vulnerables es oportuno.

“Si las sanciones son demasiado punitivas hacia los sujetos obligados se puede desincentivar el cumplimiento de la ley, porque se estaría castigando más fuerte al sujeto obligado, el cual te está ayudando a prevenir el lavado de dinero, que al propio delincuente”, acotó.

Entre los sujetos obligados se encuentran notarios, agentes aduanales, desarrollos inmobiliarios, casinos, joyerías y distribuidores de autos, entre otros.

El programa de autoregularización permitirá a sujetos obligados que no presentaron los avisos correspondientes no ser acreedores a multas, siempre y cuando cumplan con ciertos requerimientos.

De acuerdo con las disposiciones publicadas, los contribuyentes podrían ver sus multas perdonadas si se autocorrigen y cumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado, en el periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2018.

La ley antilavado establece que los contribuyentes que se dediquen a actividades vulnerables deberán inscribirse a un padrón y presentar avisos antilavado. En caso de no hacerlos en la fecha correspondiente, el contribuyente puede ser acreedor a sanciones que, meses atrás, el SAT reconoció como excesivas.

“El SAT no impondrá sanciones por el periodo antes establecido, siempre y cuando se corrijan de todas las irregularidades o incumplimientos de las obligaciones al momento de haberse realizado la actividad vulnerable (…) Una vez que la solicitud haya sido aceptada, se tienen seis meses para subsanar las irregularidades o incumplimientos. Después de esto, durante los siguientes 20 días hábiles se podrá solicitar al SAT, a través de un escrito, la condonación de las multas que hayan sido impuestas en ese periodo”, precisó el órgano recaudador hace unos días.

El programa es oportuno, porque efectivamente varios sujetos obligados a presentar avisos no lo han hecho, o lo realizaron de manera incorrecta, pero ello no supone que no quieran cumplir con sus obligaciones y ayudar al combate contra el lavado de dinero, precisó Javier López.

“Se debe tener mucha efectividad en el proceso, porque al final, nos vamos a terminar convirtiendo en un país sancionador, en donde se multa pero se sigue lavando dinero y los delincuentes se quedan sin castigo”, aseveró.

Agregó que se necesita un equilibrio entre la autoridad y estas entidades, ya que se debe reconocer el esfuerzo de estas últimas para contribuir a la lucha antilavado, e incluso refirió que se debe analizar a aquellas que no están cumpliendo porque algunas son pymes y “meterles más controles administrativos ya no les da la capacidad operativa y económica para tener estos esquemas de prevención”.

Precisó que al finalizar el sexenio anterior se tenían identificados alrededor de 60,000 sujetos obligados a presentar avisos sobre actividades vulnerables, una cifra que para este año podría ubicarse entre 70,000 y 100,000 sujetos.

Medios de defensa

El programa de autorregularización del SAT establece que no podrán afiliarse a este programa aquellos causantes que no se encuentren dados de alta en el padrón de sujetos obligados o si los datos manifestados en el padrón no están actualizados.

Tampoco podrán acceder aquellos que no estén al corriente de sus obligaciones fiscales durante el 2019 o si han cometido algún delito previsto por la ley.

Por lo anterior, Benito Ponce, director general de Integración de Servicios Fiscales, informó que no todos los sujetos que hayan sido multados podrán adherirse a este programa, por lo que recomendó autorregularse.

“Tendrían que autorregularse, cumplir con los requisitos de la ley antilavado y, si viene algún acto por parte de la autoridad, tramitar un medio de defensa, dependiendo del caso. Además, el hecho de no poder entrar al programa no significa que se pueda dejar a un lado la obligación. Eso no es posible. Se debe cumplir”, aclaró el especialista.

Refirió que el programa es una gran oportunidad para los sujetos, para que no sólo se regularicen, sino que conozcan más acerca de las obligaciones que tienen con esta ley para no ser acreedores.

Las sanciones por incumplir la ley van desde 844,900 pesos hasta 5 millones y, si se falsifica la información, puede haber una pena de cárcel.

Falta más difusión

Los expertos en el tema refirieron que uno de los puntos débiles de la ley es que, si bien se empezó a aplicar desde el 2013, es desconocida aún por varios sujetos que están obligados a presentar los avisos, por lo cual sugirieron una mayor difusión de lo que supone esta ley.

“Hay mucha gente que desconoce la ley. Por ejemplo, existen muchas personas que rentan sus inmuebles pero no saben que a partir de ciertos montos deben avisar al SAT. Lo mismo pasa con los préstamos. Al final, quienes más saben de la ley son notarios, corredores y agentes aduanales. Pero fuera de ellos hay muchas personas que realizan actividades vulnerables y no tienen conocimiento de esta ley. Sin embargo, el desconocimiento de la ley no te exime de ella”, aseveró Benito Ponce.

Liga El Economista clic aquí