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C.P. y P.C.C.A.G. Luis Arturo Soledad Vázquez
Integrante de la Comisión de Auditoría Gubernamental
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) del 18 de julio de 2016, despejó el camino para que se diera un gran paso adelante en la lucha contra la corrupción en México. Dicha Legislatura llevó a buen término una reforma constitucional que materializó al SNA como la norma suprema del país y señaló una postura más firme respecto a un problema que ha plagado al país durante mucho tiempo, los nuevos Sistemas Anticorrupción en México, nacional y locales, tienen el potencial para cambiar las reglas de juego de la agenda anticorrupción del país, al atender la fragmentación de políticas, mejorar la coordinación para una implementación más eficaz y terminar con la impunidad.
La aprobación de la LGSNA, reforzada por una serie de leyes secundarias y políticas complementarias, no podría haber llegado en mejor momento, los ciudadanos mexicanos han rechazado rotundamente lo que consideran ser un sistema político y de gobierno plagado por altos niveles de corrupción, que limita sus oportunidades de movilidad social y de una vida mejor, lo que ha tenido como consecuencias escándalos recientes y acusaciones contra eminentes personalidades políticas incrementando el tono de los llamados al cambio.
En una encuesta de Gallup de 2015, más de 70% de los ciudadanos consideró que la corrupción era un mal generalizado en el Gobierno, el desplome de la confianza y los altos niveles de corrupción han contagiado el desempeño económico del país, el reconocido estudio del Índice de Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que 5% del PIB de México se pierde anualmente por corrupción; a su vez, otros informes ubican las pérdidas en 9% del PIB.
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