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La contaduría pública organizada consideró “gravísimo” considerar a la defraudación fiscal como crimen organizado, pero no llega al grado de “terrorismo fiscal” porque se ponen sanciones más “agresivas” con resultados complicados. 

El Integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Ricardo Martín González, señaló que la legislación contra las facturas falsas, para operación simuladas no afecta directamente al contador, sino al contribuyente. 

Enfatizó que son delitos que ya están establecidos en el propio Código Fiscal de la Federación desde hace muchos años. El pretender considerar un delito de esta naturaleza como delincuencia organizada, es decir, que hay una confabulación de tres o más personas con la finalidad de obtener un perjuicio en contra, se me hace gravísimo el pretender esto, pero para que lo puedan acreditar una colusión de tres o más personas para comisión de un delito de defraudación fiscal lo veo complicado.

Consideró que al equipararla a delincuencia organizada, no es un terrorismo fiscal persé, sino que están pretendiendo imponer sanciones mucho más agresivas para que seamos más cuidadosas con lo que hacemos.  

El CPC del IMCP, Rolando Silva Briceño, apuntó que sería importante que las autoridades dieran a conocer cuántas de las personas que se han detenido por defraudación fiscal o facturación apócrifa han salido por falta de elementos jurídicos para detenerlas. Esta ley viene a solucionar un problema de que entran rápido y salen rápido.   

Por su parte, el presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, Ernesto O´Farril Santoscoy, destacó que la propuesta que se encuentra en el Senado de la República,es otro ejemplo más de las acciones de un Congreso que dispara muchas iniciativas, que quizás no mide las consecuencias, un Congreso Montessori, el problema de este tipo de iniciativas es que se suman a una serie de decisiones de políticas públicas que junto con estas iniciativas van minando la confianza de los agentes económicos, y eso se refleja en un estancamiento económico.

Por último, Martín González, enfatizó que esta nueva tipificación de delito para la defraudación fiscal conlleva mucha incertidumbre.

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