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C.P.C. Santiago David Guadarrama Nieto
Integrante de la Comisión del IMCP
Ante las Administraciones
Generales de Fiscalización del SAT

Desde el nacimiento del SIPRED (sistema de presentación del dictamen fiscal) ha sido una herramienta muy útil para la autoridad fiscal, no nada más por la gran recaudación adicional que se genera normalmente en los meses de junio y julio de cada año, también por la información clasificada y ordenada de calidad que se genera y por ende se puede fiscalizar de mejor manera a los grandes y medianos contribuyentes por sectores y actividades económicas específicas, segmentando y agrupando información de manera más eficiente.

Hace algunos años, con el SIPRED del ejercicio del 2008 se adicionaron los cuestionarios de diagnóstico fiscal y de precios de transferencia y se ampliaron las declaraciones y cuestionamientos al contribuyente en los datos generales del mismo, por lo que la autoridad además de pretender información cuantitativa también requirió información cualitativa para poder ampliar su espectro visual de los contribuyentes y poder segmentar de mejor manera la información con la que contaba en sus bases de datos, por lo que el SIPRED se vislumbraba como una herramienta de fiscalización estelar en el esquema fiscal mexicano.

Sin embargo, con la derogación de la obligatoriedad del dictamen fiscal en el ejercicio del 2014, quedando como regla general su aplicación voluntaria mediante supuestos de arriba de ingresos acumulables de 100 millones de pesos (actualmente 122), promedio de 300 trabajadores o más y 97 millones de activos promedio o más, perdió fortaleza el SIPRED en cuanto a la cantidad de contribuyentes dictaminados por año, quedando en alrededor de 12 mil a 16 mil dictámenes por año desde dicha fecha, anteriormente se presentaban alrededor de 90 mil por año, sin embargo se ganó en delimitar a cierto tipo de contribuyentes de los cuales se requiere mayor información para poder comprender los modelos de negocio y eficientar la recaudación fiscal.

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