El Instituto Méxicano de Contadores Públicos, ofreció sumarse a la lucha contra la corrupción, mediante auditorias específicas que detallen que ocurre con el hidrocarburo que se comercialice para conocer su origen, cantidad y destino, Florentino Bautista, Presidente de ése organismo, señaló que buscarán en un primer paso, darles a conocer a las autoridades en qué consisten y cuál es el beneficio de la auditoría.
“Nuestra actuación, como contador público, siempre es para una evaluación de identificar, para efectos de establecer o en su caso identificar los controles internos…los servicios convenidos, se refiere específicamente a cuentas o áreas dentro de una empresa, podemos participar, realmente, como lo es el tema de los inventarios, establecemos políticas, controles y fortalecemos de los máximos y mínimos, donde podría darse, realmente el tratamiento, si efectivamente la mercancía ingresó o así mismo salió, creo que podemos también participar a combatir por que manejamos ya una transparencia de una profesión y una transparencia de la actividad misma”.
Por su parte, Ernesto Ofarril, Presidente de la comisión de análisis económico del instituto, señaló que todavía es temprano, para calcular los daños económicos de la falta de gasolina en las estaciones de servicio aunque confió en que si la situación, no se prolonga por mucho tiempo, no será mayor el contratiempo que genere.
“Digamos que vemos dos escenarios posibles: en un primer escenario si ésto se logra normalizar, en pocos días más, el impacto va a ser marginal, pudiéramos ver un descenso en el indicador del IGAE, para el mes de enero; en el otro escenario es: si esto se prolonga y seguiríamos teniendo este problema de falta de suministro en la logística de distribución si se puede complicar y generar un efecto mucho más dañino, en la economía con efectos colaterales”.
Estos efectos colaterales contemplan si hay escasez de diésel que ocupan los transportistas, podría generar un efecto de desabasto en perecederos, lo que a su vez generaría compras de pánico y con ello efectos importantes en el consumidor final, como disparar la inflación.
Dijo que en un estado de derecho, los delitos tienen que ser investigados y si hay culpables, deben ser detenidos y afirmó que hasta este momento, no se conoce de personas involucradas en este ilícito que hayan sido detenidos. Respecto a diversos señalamientos en torno a diversos ordenamientos fiscales recientemente publicados, derivados de la publicación del paquete económico de éste año, se pronunciaron por que en vez de un decreto, habría sido mejor que los estímulos fiscales para la región fronteriza, hubieran sido atendidos por una ley, que le de mayores elementos de certeza jurídica y que hubieran sido por 6 años y no dos, aunque reconocieron la voluntad del ejecutivo para extenderlo a todo su mandato; por orto lado, respecto a la seguridad social, para trabajadoras domésticas, advirtieron que si bien la medida es noble, ya que busca proteger a ese sector de la población, hay elementos que deben analizarse a fondo, ya que advirtieron podría desmotivar la inclusión toda vez que no se cuenta con un esquema de deducibilidad para los patrones, independientemente de su régimen fiscal, que en su mayoría es de sueldos y salarios, en donde además se debe clarificar el destino fiscal de las remuneraciones al trabajador, su calidad como contribuyente y las obligaciones que en materia de sueldos y salarios, tienen o tendrán patrones y trabajadores, como son los impuestos estatales, las cuotas al Infonavit y el acceso al fonacot.

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