La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte del Senado mexicano dificulta la realización de cambios al texto de este nuevo acuerdo.

Con ello, las demandas de los legisladores demócratas deberán canalizarse, en su caso, a través de cartas paralelas o con compromisos para cambios en la legislación nacional de los países integrantes.

Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, había reiterado que se requerían cambios al texto del T-MEC para incorporar las demandas de su bancada como condición para la ratificación del pacto.

Uno de sus últimos posicionamientos sobre ello lo emitió el 2 de mayo, cuando declaró: “Los demócratas votarán a favor del T-MEC sólo si se atienden sus preocupaciones en el texto del acuerdo, no en cartas paralelas”.

Las preocupaciones de los demócratas se pueden resumir en cuatro puntos: asegurar el cumplimiento (enforcement) de la legislación laboral; fortalecer las reglas de protección al medio ambiente; fortalecer los derechos de los trabajadores, y disminuir el periodo de exclusividad para datos de patentes de medicinas biológicas.

El miércoles, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, dijo al legislador demócrata Earl Blumenauer que confía en que puede encontrar rápidamente soluciones satisfactorias para los demócratas porque está casi totalmente de acuerdo con los cambios que están exigiendo.

En tanto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro que no está de acuerdo con modificar el contenido del T-MEC, una posición que ahora está más firme, dado que cualquier cambio a este tratado implicaría una nueva votación en el Senado mexicano.

Desde la perspectiva de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), “capítulo por capítulo y línea por línea”, el T-MEC representa “estándares de oro” en la política comercial de Estados Unidos.

“Además de las disposiciones de modernización que tanto se necesitan y que cubren el comercio digital, los servicios de propiedad intelectual y otras áreas que se basan en las fortalezas competitivas de Estados Unidos, el acuerdo representa un reequilibrio fundamental de nuestra relación comercial con México y Canadá en formas que crearán un campo de juego más nivelado para las empresas, los trabajadores y los agricultores”, destacó recientemente Lighthizer.

Según él, también es el acuerdo más bipartidista que se haya negociado, con ambiciosas obligaciones laborales y ambientales que “superan con creces todo lo negociado por las administraciones anteriores”.

El 21 de marzo, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, destacó que las concesiones laborales en el T-MEC no se habían hecho por parte de México en ningún otro tratado de libre comercio, y que esto se debió a que el gobierno del presidente López Obrador es “tremendamente progresista en materia laboral”.

Añadió que esto último ayudó a impulsar el cierre de las negociaciones, porque el gobierno de López Obrador impulsó la redacción del Anexo 23 A del T-MEC, en el cual México se compromete a adoptar en su legislación, a más tardar el 1 de enero de 2019, una serie de medidas y principios relacionados con el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva, condicionando incluso la entrada en vigor del T-MEC a que dicha legislación exista.

De acuerdo con el gobierno mexicano, las negociaciones del T-MEC fueron llevadas a cabo siempre considerando las demandas de los legisladores demócratas, cuyo voto es indispensable para la ratificación de este pacto en Estados Unidos.