Informe de evaluación mutua de Italia
(2026)
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Este documento sintetiza los hallazgos del Informe de Evaluación Mutua de Italia realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), basado en la visita in situ realizada entre el 23 de junio y el 11 de julio de 2025.
Italia posee un sistema de Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) maduro y sofisticado, respaldado por un marco legal e institucional bien desarrollado.
Conclusiones críticas
- Comprensión de riesgos. Italia tiene un entendimiento profundo de sus riesgos de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), sustentado en su Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) de 2024. Los delitos determinantes de mayor riesgo son el crimen organizado (incluido el de tipo mafioso), la evasión fiscal y la corrupción.
- Coordinación Nacional. El Comité de Seguridad Financiera (FSC), presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), coordina eficazmente las políticas a nivel nacional. Sin embargo, existe una fragmentación operativa entre las agencias de procuración de justicia (APJ), donde la Guardia di Finanza (GDF) y la Dirección Investigativa Antimafia (DIA) actúan como “porteros” o intermediarios para el flujo de información hacia la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Recuperación de activos. Es un pilar estratégico del sistema italiano, con más de 7,000 millones de euros confiscados durante el periodo de evaluación, reflejando una prioridad operativa contra el crimen organizado.
- Desafíos en supervisión y transparencia. El registro de Beneficiarios Controladores (BO) se encuentra actualmente suspendido, lo que limita el acceso directo a esta información por parte de las autoridades. Asimismo, la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) muestra una efectividad variable y procesos sancionatorios excesivamente prolongados (hasta dos años).
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