La Superma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez de la facultad de la autoridad para introducir a la lista de personas bloqueadas a aquellas que tengan indicios suficientes de vínculos con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o asociados.
El pleno sostuvo que el bloqueo es una medida cautelar de molestia, no una sanción definitiva, y que garantiza el derecho de audiencia, defensa y contempla vías de impugnación tanto administrativas como judiciales.
Asimismo, especificó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no necesita una solicitud extranjera formal y detallada para congelar cuentas. Puede actuar con base en la información nacional o internacional, conforme a estándares como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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