El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) respaldó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, y se comprometió a vigilar la realización de sus objetivos.

El presidente del IMCP, José Luis García Ramírez, señaló que ante la complejidad de las condiciones internacionales y su repercusión en México, el Instituto apoya la importancia de dar prioridad al diálogo, para fortalecer la unidad de todos los mexicanos ante la problemática actual.

El IMCP, agregó, coincide con el gobierno en la importancia de implementar, y en su caso, fortalecer todas aquellas medidas que contribuyan a la estabilidad económica y social del país, promover la inversión, generar fuentes de nuevos empleos que propicien mayores ingresos y mayor bienestar para las familias mexicanas.

Además, concurre con algunas prioridades que contempla el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, suscrito el lunes pasado por el gobierno y los sectores empresarial y laboral.

Al dar a conocer la postura del IMCP sobre este acuerdo, apuntó que coincide con mantener la estabilidad macroeconómica, en un entorno global de bajo crecimiento e incertidumbre.

El organismo también está de acuerdo con continuar con la instrumentación de las reformas estructurales, ya que muchos de sus beneficios son de carácter transexenal y se requiere darles continuidad y ser perseverantes.

También comparte la prioridad de asegurar la vigencia del Estado de Derecho, a través de mejorar las condiciones de seguridad pública, con el fortalecimiento de las capacidades locales y el apoyo subsidiario de la Federación.

Por ello, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos condenó enérgicamente la violencia, el vandalismo y cualquier manifestación en contra del estado de derecho y la convivencia pacífica y armónica en el país, expresó García Ramírez.

Subrayó la necesidad de transformar los acuerdos generales suscritos, en políticas públicas concretas y medibles, como establecer un mecanismo viable de repatriación de capitales, y fomentar programas específicos de promoción de productividad en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Asimismo, programas de financiamiento dirigido a las pequeñas y medianas empresas, principalmente en los sectores que necesitamos incrementar la producción tendiente a la autosuficiencia, y medidas fiscales que tengan como finalidad el fomento de la inversión y el empleo.

Consideró que el esquema impositivo debe ser más tendiente a fomentar la inversión y el empleo, para lo cual recomendó restablecer el esquema de deducción inmediata a las inversiones en planta y equipo de las empresas (depreciación acelerada), y que se permita la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones sociales para los trabajadores.

Estimó que el fortalecimiento del mercado interno es prioridad en México, fomentando el consumo los propios productos, estableciendo programas de financiamiento a las Pymes que propicien el incremento de la planta productiva y la generación de nuevos empleos, factores importantes para el crecimiento de nuestra economía.

Afirmó que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países y México no es la excepción, este delito ha contribuido a profundizar la desigualdad social y ha minado la confianza en las instituciones del país.

Por ello, el IMCP consideró trascendente la suma de esfuerzos de la sociedad en su conjunto para acelerar su combate con apoyo en el Sistema Nacional Anticorrupción conformado por siete Leyes y los organismos reguladores.

“Hoy son tiempos de cambio y México requiere de informes completos, con transparencia y en apego a la rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto público”, subrayó el presidente del Instituto.

De igual forma, asumió el compromiso para cumplir con las acciones, programas y proyectos, en el ámbito de su competencia, vigilando como contaduría pública organizada, el estricto apego al marco jurídico, para la realización de los objetivos del Acuerdo.

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