Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Código Fiscal de la Federación (CFF) a partir del 8 de diciembre de 2009, se eliminó la posibilidad de que las personas morales que interrumpan sus actividades económicas puedan presentar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el aviso de suspensión de actividades, ya que en el artículo 26 del nuevo Reglamento sólo se establece esta posibilidad para las personas físicas.

El cambiante entorno de las empresas debido a aspectos internacionales, económicos, demográficos o regulatorios, las lleva a enfrentar situaciones complejas que, para incrementar su participación en el mercado o subsistir, buscan alianzas estratégicas con otras empresas o reorganizaciones y reestructuraciones entre las propias.

Como parte de sus procedimientos para supervisar la aplicación de las directrices de la Guía de Precios de Transferencia para Empresas multinacionales y las administraciones de impuestos de 1995 (TPG, por sus siglas en ingles), el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE (CFA) ha establecido como prioridad el efectuar un completo análisis sobre los temas de: comparabilidad y los métodos de del beneficio de la operación, y considera como las dos áreas a ser tratadas como prioritarias.

Actualmente, diversos grupos de contribuyentes tienen implementados contratos de cuenta corriente con el objetivo de hacer más eficiente y simplificar el manejo de su tesorería, logrando la liquidación de operaciones celebradas entre las empresas, que de otra forma tendrían que ser pagadas en lo individual, lo cual incrementaría la carga administrativa del grupo.

El hablar de operaciones financieras derivadas (OFD) a veces resulta un tema asociado a operaciones sofisticadas, que para algunos representan transacciones que sólo son realizadas por casas de bolsa, bancos y cualquier otro intermediario financiero. Asimismo, se tiene la idea que conllevan un riesgo alto e implican un profundo nivel de especialización, situación por la cual los productos derivados en la mayoría de las entidades no tienen cabida dentro de sus estrategias para cubrir riesgos y menos aún, como estrategias de inversión.

Las empresas, en la actualidad, tienen que optimizar sus operaciones, sus finanzas, sus costos y su carga fiscal. La crisis y la recesión que vive nuestro país deben hacer reflexionar a los empresarios que no es malo ni perjudicial que tributen dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como Sociedades Cooperativas de Producción.

Hoy en día es muy común que en la declaración anual de las personas físicas se incurra en la omisión de manifestar ciertos datos informativos (flujos de recursos o ingresos exentos) y no se dimensiona que, tal omisión conlleva a que se conviertan dichos datos en ingresos que generan el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Mucho se ha debatido sobre la posibilidad de que el H. Congreso de la Unión, al legislar en materia tributaria, atribuya a ciertos actos jurídicos regulados por el Derecho Civil o el Derecho Mercantil efectos jurídicos en momentos distintos a los que le corresponderían conforme a la ley específica que los regula.

En enero de 2010 se presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) una propuesta de reforma al Decreto IMMEX por parte de la Secretaría de Economía, estableciendo un plazo, para que a partir de dicha fecha se recibieran comentarios públicos antes de publicar el Decreto.

Ya se nos hizo costumbre, a los que de alguna manera estamos involucrados en la materia fiscal, contadores, abogados y empresarios, a la regulación que el Ejecutivo hace a través de criterios de carácter general que son ordenados

En agosto de 2004 el SAT emitió el

El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010 en el que incluye las propuestas de reformas a las leyes fiscales federales que establecen como objetivos a) fortalecer la recaudación fiscal; b) mejorar el control y combate a la evasión fiscal: c) simplificación de las disposiciones fiscales y d) seguridad jurídica.