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El Sol de México, Finanzas

Martha Elva González

México cayó a 48 puntos de 100 en el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP) 2009, cifra que es “la más baja desde 2001”, y se ubica sólo por encima de Venezuela, debido a la deficiente gestión pública, a la opacidad de los procesos presupuestarios y la falta de interés para proporcionar información, dijo Flavio Lazos, presidente del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del estudio que se hizo al respecto en 12 países por 17 organizaciones, Lazos reconoció que en materia normativa México no avanzó “en la práctica no hay interés, ya que sólo 52 por ciento de los expertos encuestados respondió, y de ello se desprende que la información difundida por el Gobierno es confusa, incompleta, crea dudas y no es útil para la rendición de cuentas”.

Participaron en el acto el auditor especial de la Auditoria Superior de la Federación, José Miguel Macias; el diputado Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, y la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde; entre otros.

El ILTP consigna que México retrocedió en 12 de las 13 variables analizadas y ninguna recibió calificación aprobatoria en comparación con 2007 (el estudio es bianual), “la más preocupante es la de participación ciudadana, que sólo alcanzó diez puntos, lo que demuestra que no hay mecanismos para incorporar la opinión de la población en la formulación y aprobación de los presupuestos”. La segunda peor evaluada fue la “percepción sobre contraloría interna”, lo que demuestra el poco avance en la disminución de la corrupción y en la mejora de la eficiencia del gobierno.

En el aspecto de responsabilidades presupuestarias, México alcanzó sólo 13 puntos, lo que debe ser “una alarma para el sistema de coordinación fiscal, porque no existe una clara división de las atribuciones entre los gobiernos estatales y el federal”.

En lo que se refiere a recomendaciones, los expertos incluyen que el Gobierno federal difunda clara y oportunamente los criterios de asignación de recursos, que se entregue información para poder realizar análisis fiscal alternativo, atender las mayores zonas de opacidad, promover y garantizar la participación ciudadana en todo el proceso presupuestario.

Otras de las recomendaciones fueron que se involucre a la sociedad civil en la evaluación del gasto público, legislar para la planeación a largo plazo, fortalecer a los órganos de control interno estatales y a la Auditoría Superior de la Federación con más presupuesto, recursos técnicos y humanos.

Avanzar en el sistema de coordinación hacendaria, que incluya los rubros de ingreso, gasto, deuda y patrimonio, dejando claras las obligaciones de municipios, estados y la federación; simplificar las transferencias federales y adecuar la Ley de Coordinación Fiscal para homologar fechas de entrega, fórmulas, objetivos y rendición de cuentas de la decena de fondos existentes.

Finalmente, el ILTP aseguró que “en México, aun cuando se han creado normas y mecanismos para mejorar la información presupuestaria, los cambios legales han carecido de voluntad política para que exista una verdadera apertura y participación ciudadana”.