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El Universal, Cartera

José Luis de la Cruz Gallegos*

La declaración oficial referida a que la disminución de 1% en el IVA puede propiciar una crisis económica similar a la que México sufrió en la década de los años ochenta parece olvidar que los desequilibrios causantes de aquel evento fueron mucho más profundos que los atribuibles a la potencial baja en el impuesto.

Recordando los argumentos oficiales presentados en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 el problema citado se suscitó porque la economía mexicana creció por arriba de sus capacidades potenciales, o en otras palabras debido a que el consumo y la inversión eran superiores a lo se podía producir, situación que implicó una creciente necesidad de importar bienes y servicios lo cual se tradujo en mayor endeudamiento.

Asociado a lo anterior se tuvo un incremento en precios y tasas de interés, lo que desembocó en una espiral inflacionaria, la ulterior devaluación del tipo de cambio y en la aplicación de un programa de ajuste que ha minado la capacidad productiva de México, el poder adquisitivo de los trabajadores y el bienestar de la población. El remedio aplicado de libre mercado no correspondió con la realidad económica de la nación, ni se vio acompañado con el cambio institucional adecuado, así como con el desmantelamiento de los poderes fácticos del sector público que todavía conservan su posición dominante.

En todo este escenario el principal responsable fue el gobierno, quien utilizó los enormes recursos financieros de que dispuso, tanto por el endeudamiento en que incurrió como por los millonarios ingresos petroleros que le llegaron, para aplicarlos en un creciente gasto improductivo. La mayor parte de la inversión se concentró en una industria petrolera que antes de optimizar sus resultados lo primero que hizo fue aumentar su nómina y poder político generando con ello una de las burocracias oficiales más grandes y que hoy le cuestan al erario 65 mil millones de pesos en servicios personales.

Dicho escenario deja de lado el ampliamente conocido, y no solucionado, problema de corrupción el cual aderezó la cadena de resultados decepcionantes en la gestión de las variables macroeconómicas que son responsabilidad del sector público.

Desde la mitad de los años ochenta se ha aplicado una política que se supone debe garantizar la estabilidad macroeconómica y corregir lo antes descrito, por lo que la declaración del titular de hacienda de que por una baja marginal en el IVA podría gestar otra crisis de dimensiones similares a las ya citadas debería implicar la plena sustitución del modelo económico aplicado por sus antecesores. Además la aseveración implica que una baja en impuestos sería más dañina que la reciente crisis de Estados Unidos, algo difícil de sostener.

El fondo del asunto es otro y es que el gobierno no desea, o no puede, enfrascarse en la “guerra” de reducir su burocracia y operación, ya que ello implicaría el enfrentarse a una poderosa red de intereses políticos y económicos, prefiere reducir la discusión del paquete presupuestal a una lucha del todo o nada, conservación de impuestos o crisis.

No puede dejarse de mencionar que las finanzas públicas ya se encuentran en un serio predicamento, cada año la falta de solvencia fiscal detectada desde al menos hace diez años y la elevada dependencia del ciclo estadounidense han propiciado la aplicación de políticas fiscales y monetarias que reducen aún más el margen para que el país pueda encontrar el verdadero camino del desarrollo, algo que se encuentra en el nuevo paquete presupuestal y que difícilmente podrá ser corregido en el Legislativo.

El festejo del bicentenario nos ha alcanzado con pirotecnia, luces, festejos y confeti pero sin un verdadero proyecto de nación, y lo más decepcionante radica en que dicho proyecto ya debió haberse consolidado.

*Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey