Los actos de corrupción le costaron a las empresas mil 600 millones durante 2016; lo que significó que en promedio una compañía desembolsó 12 mil 243 pesos para agilizar trámites, evitar multas, obtener licencias o servicios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, para el caso de las empresas medianas, la cifra llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos, cada una.

El 64.6 por ciento de las unidades económicas consideraron que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que un 39.4 por ciento señaló que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones.

A nivel nacional, 561 de cada 10 mil empresas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron, al menos un acto de corrupción. Sin embargo, esta tasa se incrementa hasta mil 317 para las grandes; y 755 en las del sector industrial.

Al considerar las entidades donde se da este tipo de actos, se destacó que Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí concentraron los costos más elevados de corrupción, en materia regulatoria. En el caso de Quintana Roo, el costo promedio fue de 146 mil 771 pesos por compañía.

A partir de la Encuesta, se reveló que el año pasado se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales, lo que implicó un promedio anual de 19.5 trámites por negocio.

A nivel nacional, las empresas de tamaño micro realizaron 18.2 trámites, pagos o solicitudes de servicios en promedio ante autoridades municipales, estatales o federales; mientras que las unidades grandes realizaron un promedio de 66.7 trámites, pagos o solicitudes de servicios durante 2016.

Esta tramitología implicó que el 20.2 por ciento del total de las unidades económicas consideran que durante 2016 el marco regulatorio fue un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.

“El 50.9 por ciento consideró que, durante 2016, las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores, o bien, siguieron igual de pesadas con relación a las de 2015. Las pequeñas, así como las del sector comercio consideraron, en mayor medida, que las cargas administrativas empeoraron o siguieron igual de pesadas durante 2016”, detalló el Inegi.

Luego de los datos reportados, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que a nivel federal se ha logrado reducir la carga regulatoria, que pasó de 4.25 a 2.07 por ciento, y la meta es que sea del uno por ciento como proporción del PIB.

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