El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propuso varias soluciones para enfrentar situaciones de emergencia como las del pasado mes de septiembre por los sismos, entre las que destacan crear un seguro obligatorio para inmuebles y deducción al 100 por ciento de donativos.

En conferencia de prensa, directivos de ese organismo señalaron que con este tipo de medidas se mitigarían los efectos económicos por desastres, que de acuerdo con datos ascienden a 48 mil millones de pesos para la reconstrucción de los daños ocasionados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre pasado.

José Luis García Ramírez, presidente del IMCP, puntualizó que el ejemplo más exitoso de la prevención ante contingencias mayores es el relacionado con la adquisición de coberturas petroleras, mismas que permitieron al país solventar la reducción de los precios internacionales de hidrocarburos.

“En este contexto, creemos que emular esa acción preventiva y adquirir coberturas de seguros para inmuebles de todo tipo sería una extraordinaria forma de reducir los costos de los desastres, tanto para las familias como para las empresas”, subrayó.

Argumentó que en la actualidad las casas-habitación aseguradas en el país es de 5.0 por ciento y 25 por ciento corresponde a coberturas de inmuebles ligadas a créditos hipotecarios, al cubrir sólo el valor destructible de los mismos.

El representante de los contadores, quien en breve concluye su gestión al frente del IMCP, precisó que las personas aseguradas van a recuperar parte de su patrimonio, ya que el sector asegurador tiene solvencia suficiente para afrontarlo, ya que cuenta con reservas técnicas que ascienden a más de un billón de pesos.

“Es necesario que las autoridades en forma conjunta con los interesados (sector asegurador, sociedad en general) trabajen en un mecanismo que ha funcionado en otros países y que es el seguro obligatorio. Este tipo de seguros pueden tener otras implicaciones positivas, como la deducción fiscal en compensación al pago”, insistió.

Respecto a la deducibilidad de donativos, García Ramírez señaló que las disposiciones publicadas en octubre de este año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se quedaron cortas, pues sólo facilitan los mecanismos para que los particulares y donatarias puedan dar este tipo de apoyos.

Empero, sostuvo, ampliar este esquema y desgravar al ciento por ciento las contribuciones, cuando menos hasta 2018, permitiría que aún fluya el apoyo hasta que se supere la fase de reconstrucción de las zonas dañadas.

En su oportunidad, Luis Sánchez Galguera, vicepresidente Fiscal del IMCP, planteó también la alternativa de que el gobierno federal pudiera ampliar el plazo de vencimiento del programa de repatriación de capitales hasta el 31 de diciembre de 2017, con el propósito de que parte de esos recursos se apliquen en donativos para los damnificados.

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