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EL ECONOMISTA, SECCIÓN VALORES

Se prevé que serán alrededor de 300,000 los nuevos sujetos obligados, entre personas físicas y morales, que deberán cumplir con la nueva ley antilavado y que tendrán que emitir alguno de los 15 tipos de avisos, dependiendo de su actividad, para reportar operaciones que pudieran estar relacionadas con el delito de lavado de dinero y que deberán enviar al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así lo indicó en entrevista con El Economista, el responsable de la implementación de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Alberto Elías. El funcionario negó que la integración del SAT a la lucha en contra del lavado de dinero sea con fines de fiscalización.

Su tarea no es nueva, ya lo hacía con los centros cambiarios y transmisores de dinero. Tiene la capacidad para absorber esta nueva función, aseguró, y no representará un impacto presupuestal. “Toda la información derivada de los avisos no tiene carácter fiscal, será utilizada para efectos de prevención y combate del lavado de dinero sucio proveniente del narcotráfico, secuestro y de cualquier otro delito que lacera al Estado y a la economía: No es para efectos fiscales”. Sobre el contenido de las reglas de carácter general que están por publicarse en el Diario Oficial de la Federación, comentó que se establecerá qué tipo de documentos o datos tendrán que pedir los sujetos obligados para identificar a sus clientes o usuarios y los mecanismos de resguardo.