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Síntesis Informativa

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El gobierno sólo necesita de voluntad política para comprobar si los 33 mexicanos involucrados en el caso Panamá Papers -la filtración de información más grande conocida hasta ahora- incurrieron en posibles actos de evasión fiscal al recurrir a los servicios de la firma Mossack Fonseca, especialista en operaciones offshore.

Así lo afirman expertos fiscales, quienes aseguran que las autoridades mexicanas tienen las herramientas legales y tecnológicas para investigar a los contribuyentes involucrados en el caso.

El Servicio de Administración Tributario (SAT) puede solicitar el apoyo de la Procuraduría General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dicen.

“Tienen los recursos (para investigar) y lo van a hacer contra algunas empresas y empresarios. Pero lo van a hacer más por publicidad que por corregir una situación”, afirma Henry Foulkes, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

“De que lo pueden comprobar y sancionar, sí se puede. Ojalá que lo hagan, que haya una revisión, una rendición de cuentas y que el caso sea transparente”, dice Leticia Hervert, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Por el momento Aristóteles Núñez, jefe del SAT, ya aclaró que las inversiones en paraísos fiscales no son un delito, siempre que se paguen los impuestos correspondientes. Incluso afirmó que las empresas y empresarios involucrados todavía tienen tiempo para “autocorregirse”.

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