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“Lavado” de dinero en fideicomisos y delitos fiscales
J. Jesús Rangel M., Milenio
Como era lógico, Estados Unidos aplaudió la revisión y el fortalecimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir la amenaza del lavado de dinero en todo el mundo el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Podrá condenar y perseguir con mayor fuerza a Irán y Corea del Norte.
Pero estas modificaciones también tienen que ver con México porque se amplían las revisiones a las “personas políticamente expuestas (PEP)”, como son los candidatos a la Presidencia de la República, a senadores, a diputados federales y locales, a gobernadores, a asambleístas y a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, entre otros, como aquí le he informado.
GAFI recomienda fortalecer las acciones de supervisión a familiares y “asociados cercanos”, sobre todo en situaciones transfronterizas, por las crecientes preocupaciones de corrupción.
El organismo internacional contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, cuyas recomendaciones se aplican en más de 180 países, dijo que recibió observaciones del sector privado sobre esta problemática de las PEP y que debería incluirse a funcionarios extranjeros en esta misma lista. Se trata de obtener mayores definiciones sobre lo que significa “familiares” y “asociados cercanos”.
Estados Unidos destacó que para combatir el grave problema de la corrupción mundial, GAFI amplió la norma de exigir a las instituciones financieras la aplicación de las normas a todas las personas extranjeras políticamente expuestas, y reforzó las normas frente a la transparencia de los vehículos corporativos y fideicomisos, en particular con respecto a los requisitos de los beneficiarios finales.
El propósito, agregó, es ayudar a las instituciones financieras a luchar contra el blanqueo de dinero y que las autoridades puedan identificar e investigar las cuentas sospechosas.
En México, como usted sabe, la utilización de fideicomisos es muy común para todo, incluso para crear empresas y esconder los nombres de los propietarios mayoritarios.
También pide rigor contra los delitos fiscales (el uso de recursos públicos para fraudes o corrupción), situación que en México puede ser grave si vemos los resultados de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la Cuenta Pública 2010.
