La iniciativa de ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, actualmente en discusión en el Senado, duplicaría el endeudamiento local garantizado y avalaría la corrupción y opacidad de gobernadores y alcaldes, aseguraron especialistas.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa y Fundar alertaron que de aprobarse sin cambios la iniciativa se respaldarían deudas adquiridas de forma irregular.

“El dictamen, de aprobarse, permitiría que el monto de la deuda estatal garantizada llegara hasta 3.5 por ciento del PIB, que duplicaría la deuda estatal actualmente registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Así, de aprobarse esta iniciativa en sus términos, el monto de la deuda estatal garantizada por la federación pasará de 3 por ciento del PIB hasta 6.5 por ciento”, señalaron.

La nueva ley de deuda estatal también prevé la posibilidad de que el Gobierno federal otorgue garantías a los gobiernos locales para refinanciar sus pasivos, sin hacer una auditoría previa.

“Lo anterior sería adecuado, si no fuera por la posibilidad de que en diversas entidades federativas, como se ha revelado en el caso de Puebla, la deuda contratada a efecto de garantizar el pago de proyectos multianuales pudiera ser inconstitucional”, apuntaron los organismos.

En este caso, la entidad gobernada por Rafael Moreno Valle comprometió los ingresos estatales por el impuesto sobre nómina a un fideicomiso por los próximos 50 años, a partir de un esquema que el CEEY califica como inconstitucional.

Asimismo, señalaron que es probable que el origen de muchas de las deudas estatales y municipales sean irregulares al haberse contratado a costos superiores a los del mercado, mediante mecanismos opacos y vigilancia inadecuada.

De esta forma, las garantías del gobierno estarían avalando las malas prácticas de opacidad y corrupción que prevalecen en el País.

“Es fundamental que antes de decidir apoyar a uno u otro gobierno, las autoridades federales deben conocer los términos en que se contrajeron las deudas.

“Tenemos un problema a nivel nacional donde se adquieren deudas en la secrecía, sin que las administraciones locales consulten a sus congresos”, señaló Mariana Campos, coordinadora del proyecto de gasto público de México Evalúa.

Permitir las garantías del Gobierno federal, sin una mayor vigilancia de la forma en que se contratan las deudas de los gobiernos locales, será como escribir un cheque para refinanciar el fracaso, dijo.

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