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EL ECONOMISTA, SECCIÓN DINERO

La carga fiscal que arrojó la reforma hacendaria a los comerciantes de la central de abasto y mercados del país provocó que se incrementaran hasta en 40% los precios de los alimentos de la canasta básica que se comercializan en este sector, denunció Perla Escalante. La presidenta de la Asociación de Comerciantes y Productores de la Central de Abasto del Distrito Federal aseguró que dicha situación afecta de manera directa a la población (amas de casa) y a la economía nacional. “Es un problema grave para las familias, comercios y la economía nacional, que provoca que el sector de comerciantes mayoristas incurran en un delito fiscal. Las ventas en este sector han disminuido”, advirtió.

En entrevista, Escalante explicó que hasta el 2009 los comerciantes contaban con facilidades fiscales para poder autofacturar las compras que realizaban con el campesino nacional; demostrando la salida y entrada de la mercancía podían validar el gasto sin necesidad de presentar un comprobante. Hoy, refirió, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige a los comerciantes que el proveedor (campesino) le emita una factura electrónica para validar todas sus compras y poder deducir sus gastos. Lo cierto es que “la gran mayoría de los productores a nivel nacional no emiten una factura, es una carga fiscal y administrativa de la que carece el campo porque no cuentan con la tecnología necesaria”, precisó.