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Atiende Prodecon más quejas de SAT
Negocios, La Razón
Desde que inició operaciones la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a la fecha se han atendido 370 quejas, de las cuales en casi 90 por ciento han correspondido a actos del Sistema de Administración Tributaria, informó Diana Bernal, titular del organismo.
Destacó que las principales quejas atendidas por el organismo se refieren en 44 por ciento a las devoluciones de ISR solicitadas por los contribuyentes y que aún no han sido atendidas; y en 11 por ciento el embargo de cuentas bancarias.
La negativa de condonación, compensación o parcialidades constituyen 4 por ciento del total de las quejas.
La Prodecon informó además, que del total de quejas recibidas hasta el momento, 7 por ciento son del Instituto Mexicano del Seguro Social, 3 por ciento del Infonavit y sólo 1 por ciento están relacionadas con la Comisión Nacional del Agua.
En quejas presentadas que están relacionadas con el IMSS, 35 por ciento tienen que ver con el embargo de cuentas bancarias, 15 por ciento con el requerimiento de cuotas y 12 por ciento por multas.
Resoluciones favorables. Diana Bernal precisó además que 60 por ciento de los asuntos que han sido concluidos se hicieron bajo el acuerdo de no responsabilidad favorable y 20 por ciento desfavorable.
En tanto, para 4 por ciento sólo se emitió alguna recomendación y 8 por ciento siguen en procedimiento de observación.
Recordó que el organismo proporciona asesoría y consejo especializado a petición de los contribuyentes en relación con cualquier acto de las autoridades fiscales federales que les perjudiquen, sin importar su monto o cuantía.
Los contribuyentes podrán presentar por escrito consultas, que serán resueltas en un plazo de 20 días.
El área de Asesoría constituye el primer nivel de atención al contribuyente.
A casi seis meses del inicio de operaciones se han atendido más de 2 mil 400 solicitudes de asesoría y alrededor de 10 de consulta.
En el caso de la representación legal y la defensa, mencionó que se constituye como abogado defensor de los contribuyentes ante las autoridades fiscales o tribunales federales. En estos casos sí existe un monto máximo: que no debe exceder de treinta veces el salario mínimo elevado al año.
