La autoridad fiscal tendrá la facultad de determinar por si sola si acepta alguna práctica realizada por un contribuyente para reducir su carga fiscal o le obliga a modificar esa práctica y pagar más impuestos

Ciudad de México.- Uno de los cambios menos anunciados por la autoridad, pero con un efecto mayúsculo en la relación fisco-contribuyente, será la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenga la última palabra en materia de disputas fiscales.

De acuerdo con la propuesta de reforma hacendaria, la autoridad fiscal tendrá la facultad de determinar por si sola si acepta alguna práctica realizada por un contribuyente para reducir su carga fiscal o le obliga a modificar esa práctica y pagar más impuestos.

Esto se hará a partir de la introducción del concepto de “razón de negocio”, que los contribuyentes deberán comprobar para hacer válida alguna práctica de reducción fiscal.

Por ejemplo, si una empresa decide aplicar alguna deducción en el ejercicio de sus funciones, deberá justificar ante el SAT que se trata de una práctica que beneficia su negocio, de lo contrario la autoridad podría negarla.

Actualmente, cuando existe alguna duda al respecto, ambas partes acuden ante un juez.

Con el cambio, el SAT tendrá la última palabra.

“Le están dando la facultad (al fisco) de ser juez y parte, es una facultad demasiado grande para el SAT”, afirmó Carlos Cárdenas, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

“Si yo fisco considero que hiciste alguna operación, tomaste una deducción con fines fiscales y no con fines de negocios, entonces no la acepto y ahí acaba el asunto”, explicó.

La nueva facultad es considerada excesiva por los fiscalistas, pues volvería demasiado arbitraria la relación entre el fisco y el resto de los contribuyentes.

“Imagina que una persona física con actividad empresarial lleva una operación en comodato de un inmueble, pero el SAT le dice que no tiene una razón de negocio y se la recaracterizan a una figura de arrendamiento y entonces paga más impuestos”, dijo.

Para Manuel Sainz, abogado fiscalista del IMCP, la medida dañaría la capacidad de defensa de los contribuyentes y aumentaría el costo de las disputas legales, aseguró.

“Con este cambio el fisco va a decir ‘determino que no es válido, te determino el crédito y, o me lo pagas o me traes una garantía y ya luego te vas a pelear”, explicó.

Es decir, de aprobarse el cambio, los contribuyentes con diferencias con el SAT llegarían a los juicios con un crédito ya determinado.

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