Con su trabajo los contadores públicos llegan a convertirse en los principales testigos de la aplicación de las normas y las leyes que llevan a buen puerto a una institución; su participación va más allá de la contabilidad, tienen responsabilidades que pueden dar constancia de que una dependencia publica u autoridad sea catalogada con estándares de ética y compromiso social.

Así se les hizo saber a  miembros del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán (CCPM) durante un curso de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos y Particulares, ofrecido por los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM).

El presidente del Colegio de contadores, Juan Ignacio Oros Guerrero, dio la bienvenida a la vez que hizo un llamado propositivo de trabajar por el bien común, “regresemos a la sociedad un servicio de calidad en el cumplimento de todos los ámbitos de nuestra competencia”, expresó dirigiéndose a todos los contadores que estuvieron presentes en este curso que se ofreció en las instalaciones del propio colegiado.

En su oportunidad el Presidente Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Florentino Bautista Hernández, exhortó también a los contadores a reflexionar sobre la importancia que tienen al ejercer su profesión: “estamos en un cambio donde debemos ponderar el servicio público y trabajar para constituir un México mejor. Estamos llamados a trabajar juntos, a ser contadores públicos incluyentes, a mantenernos dentro de los estándares de calidad y certificaciones, porque con nuestra actuación nosotros atestiguamos la aplicación de las normas”.

El desarrollo de las ponencias el magistrado presidente del TJAM, Sergio Mecino Morales, entre otros tópicos, explicó cuáles son las faltas establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Estado y que son consideradas como graves.

Por los servidores públicos, el Magistrado Presidente enlistó faltas como cohecho, peculado, desvió de recursos públicos, utilización indebida de la información, abuso de funciones, contratación indebida, actuación indebida bajo conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, ocultamiento de intereses, tráfico de influencias, desacato y obstrucción de la justicia.

En las faltas atribuibles a un particular, ya sea persona física o moral, refirió que se establecen como faltas graves el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de facultades, uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida.

“Nuestro Tribunal tiene competencia para conocer y atender con un procedimiento especial donde se considere que hay una falta grave, pero también hay faltas administrativas no graves que podemos conocer”, explicó el Magistrado Sergio Mecino, quien complementó que un procedimiento de investigación puede ser iniciado por órganos de control institucionales,  por una denuncia o como resultado de una auditoría.

Estas faltas en las que el TJAM es competente, forman parte de las tareas que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción. Los temas fueron complementados con ponencias donde se puso como primicia el cumplimiento de una ética institucional y la responsabilidad social.

“Hablar de ética es hablar de los valores que se promocionan las escuelas y en las familias; estos compromisos implican no solo el cumplimiento de términos legales, si no de estándares de comportamiento que se deben replicar y exigir para evitar los actos o hechos de corrupción”, ejemplificó en su ponencia el magistrado de la segunda sala ordinaria del TJAM, Arturo Bucio Ibarra.

En la ampliación de estos temas también participaron el magistrado de la quinta sala especializada del TJAM, Rafael Rosales Coria; el magistrado de la primera sala ordinaria, Carlos Paulo Gallardo Balderas, y el licenciado Fabricio Dorantes, titular del Juzgado Tercero del Tribunal.

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