Por: C.P.C y P.C. PLD Silvia Matus de la Cruz, Presidenta de la Comisión y

Daniel A. Ortíz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS, Secretario de la Comisión

 

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y francés), organismo intergubernamental cuyo objetivo es el establecer estándares y promover la implementación efectiva de las medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir el lavado de dinero “LD”, el financiamiento al terrorismo “FT” y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, dio a conocer en su página de internet el reporte que contiene los resultados de la Evaluación Mutua de México.

Los estándares establecidos por este organismo intergubernamental, son también conocidos como “Las Recomendaciones del GAFI” y contienen las medidas mínimas que los países deben adoptar para contar con regímenes efectivos en materia de prevención y combate de LD/FT.

La primera evaluación mutua de nuestro país, fue en 2008, tras 8 años de que se convirtiera en miembro activo del organismo intergubernamental. En dicha evaluación, se detectaron serias deficiencias en el nivel de cumplimiento con las recomendaciones, por lo que nuestro país fue sometido a un proceso de mejora intensificado del que se reportaban periódicamente avances en los cambios que se tenían para cumplir con las recomendaciones.

En el reporte que fue publicado en 2014 se mencionaba que nuestro país había tenido un gran avance en corregir las deficiencias que se habían identificado en la evaluación, entre los cambios más relevantes que destacaba este reporte se encuentran:

• Modificaciones al Código Penal Federal para tipificar los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo a lo sugerido en las recomendaciones.
• Incorporar actividades y profesiones no financieras designadas (Actividades Vulnerables), así como otras empresas y profesiones ‘riesgosas’ en el régimen Prevención de Lavado de Dinero / Contra el Financiamiento al Terrorismo “PLD/FT”.
• Establecer un régimen de congelamiento de activos para los terroristas, los que financian el terrorismo y los lavadores de dinero.
• Mejorar la efectividad del sistema judicial.

El reporte publicado el pasado martes, menciona que nuestro país ha tenido un gran avance en diversos aspectos del régimen de PLD/FT, aunque aún quedan algunas áreas de debilidad que deben de ser atendidas a la brevedad.

Entre los hallazgos principales, destaca el GAFI los siguientes:

• México tiene un régimen PLD/FT maduro, con un marco legal e institucional consecuentemente bien desarrollado. Hubo una mejora significativa en algunas áreas del régimen PLD/CFT del país comparado con el que existía cuando fue evaluado por última vez en el año 2008. Sin embargo, se enfrenta con un riesgo significativo de lavado de dinero (LD) proveniente principalmente de las actividades asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.
• La mayoría de las autoridades tiene una buena comprensión de los riesgos de LD y de financiamiento del terrorismo (FT), y en general hay una buena cooperación y coordinación de políticas. México finalizó su Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) en junio de 2016 y desde entonces adoptaron varias acciones de alto nivel para mitigar los riesgos identificados en la ENR. Estas acciones, aunque dieron lugar a ciertos resultados concretos, no fueron lo suficientemente integrales ni prioritarias como para resultar en una adecuada asignación de recursos en el ámbito federal, estatal y municipal. Se está desarrollando una estrategia nacional en base a las conclusiones de la ENR.
• El sector financiero muestra una buena comprensión de las principales amenazas de LD provenientes de los grupos de delincuencia organizada y actividades delictivas asociadas, así también de delitos fiscales, pero su reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es desigual. Si bien reconocen la amenaza general de la delincuencia organizada que enfrenta México, la apreciación por parte de las profesiones y actividades no financieras designadas (APNFD) de los riesgos de LD parece limitada. La comprensión de las instituciones financieras (IF) y APNFD acerca de las técnicas de LD más complejas, tales como el uso indebido de las personas morales, es limitada.
• Los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos dentro de los sectores por los cuales son responsables y han implementado enfoques basados en el riesgo razonables para la supervisión PLD/CFT. La fiscalización de las APNFD se encuentra menos desarrollada y cuenta significativamente con menos recursos. En general, a la fecha, no se aplicaron sanciones de manera efectiva, disuasiva y proporcionada.

El nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones, se detalla en la siguiente tabla:

A lo largo del reporte se señala que existen deficiencias en cuanto a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, en específico a los abogados y a los contadores. Cabe destacar que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos “IMCP” asistió a las reuniones de trabajo que se tuvieron con el grupo de evaluadores el pasado mes de Marzo de 2017 y en dichas reuniones se comentaron las acciones que el IMCP ha emprendido para concientizar de la problemática que representan estos flagelos.

El IMCP ha realizado a través de sus federadas diversos foros sobre anticorrupción, en donde autoridades, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil se unen para conocer la problemática que sigue presentando nuestro país en materia de anticorrupción. Dichos foros se han desarrollado en conjunto con otras Instituciones

El IMCP difiere de la opinión de GAFI en cuanto a la percepción de nuestra profesión y también está consciente de que aún quedan acciones por emprender en esta lucha, para lo cual continuará proponiendo a las autoridades inclusiones a las leyes, trabajando en conjunto con ellas para concretar con acciones oportunas y concluyentes, capacitando al Contador Público y emitiendo la normatividad necesaria en este tema para nuestra profesión.

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