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A partir del próximo año, los contribuyentes que tengan algún pleito o diferencia con el fisco podrán intentar llegar a una solución sin tener que ir a los tribunales.

Esto, gracias a la figura de los acuerdos conclusivos, aunque especialistas dudan de su efectividad en la práctica.

Con los acuerdos conclusivos, establecidos en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2014, se prevé que el contribuyente y la autoridad revisora pacten una salida consensuada de algún problema de fiscalización, con el aval y la observación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Esta nueva figura usará al ombudsman fiscal como garante de una salida justa para ambas partes.

No obstante, Armando Nuricumbo, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos , afirmó que esta figura supone que hay voluntad de los contribuyentes para aceptar los términos que impondrá la autoridad, cuando ese es precisamente parte del problema.

“Es algo complicado, porque la autoridad difícilmente va a cambiar su postura frente al contribuyente; como en cualquier tema de arbitraje, lo importante es que acepten el resultado de la Prodecon, y de alguna forma, eso siempre es difícil”, aseveró.

Nuricumbo consideró que a pesar de las dificultades que puedan presentar al inicio los acuerdos conclusivos, se trata de un contrapeso importante a favor de los contribuyentes, frente a todas las armas que la reforma hacendaria le dio al fisco.

La actitud recaudatoria del SAT será un obstáculo en la práctica para llevar un buen manejo de los acuerdos conclusivos con los contribuyentes, opinó al respecto Martín Fierro, socio de RSM Bogarín.

“Lo veo un poco difícil porque la autoridad está con un criterio recaudatorio y ese criterio hace que estén excedidos en sus facultades; si eso significa que la autoridad recaudae menos, dudo que el SAT vaya a acatar lo que dice la Prodecon”, consideró.

La Prodecon señaló que los acuerdos conclusivos permitirán, en primera instancia, reducir de forma drástica los tiempos de disputa entre contribuyentes y autoridad, pues actualmente un proceso judicial puede tardar varios años y costar mucho dinero.

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