Frente a una crisis en las finanzas públicas y la evasión de un 60 por ciento de los potenciales contribuyentes que operan en la informalidad, los contadores públicos demandaron a la Secretaría de Hacienda bajar las tasas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y establecer un IVA generalizado de 16 por ciento en alimentos y medicinas.

Demandaron también restablecer la posibilidad de deducción inmediata para las inversiones, que es lo que requiere México para generar nuevas plazas laborales.

Leobardo Brizuela Arce, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), calificó de muy complicada la crisis de ingresos públicos, pero también la carga fiscal que padecerá el 40 por ciento de la población que opera en la formalidad, pues el resto de los contribuyentes no paga impuestos porque opera en la economía informal.

“Creemos que es una propuesta que siempre hemos llevado los contadores y los empresarios de irnos al impuesto indirecto en lugar del directo, porque es la tendencia mundial y en todo el mundo se habla de tasas de impuesto indirecto de 26 por ciento o 24 por ciento”.

De visita en Monterrey para acudir al informe de medio término del actual presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), Roberto Cavazos, el líder nacional del gremio criticó que casi 5 millones de contribuyentes bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) obtengan beneficios fiscales, pero sin contribuir al fisco.

El año pasado, a partir del cambio de Régimen de Pequeños Contribuyentes al RIF, el Gobierno dejó de recaudar 15 mil 649 millones de pesos, estimó, y la expectativa es que este año la pérdida sea similar, pues estos contribuyentes dejan de pagar por dos años y hasta después regresarán a pagar un 10 por ciento”.

“Nos preocupa que exista este nuevo diferimiento porque finalmente ya van a ser dos años en que los Repecos que ya estaban a acostumbrados a pagar impuestos dejan de hacerlo, y no es una cantidad menor porque son 4 millones de contribuyentes que sin aportar reciben servicios de vivienda y salud para ellos y sus trabajadores”.

Consideró que los contribuyentes del RIF tienen ingresos de al menos 2 millones de pesos anuales.

Brizuela Arce estimó que México está perdiendo competitividad como receptor de inversiones tras el impacto de la reforma hacendaria que elevó la tasa de impuestos al 30 por ciento.

“Pero esa tasa se hace más grande con el pago de la Participación a los Trabajadores en las Utilidades de un 10 por ciento que en ningún otro país existe; así como otro 10 por ciento del pago de impuestos a los dividendos, sería en total un 50 por ciento, cuando en otros países el único impuesto que pagan las empresas es de 24 o 26 por ciento”.

Consideró que tras la declaración anual de impuestos que las empresas deben entregar a más tardar el 31 de marzo, serán afectadas por las limitaciones a la deducibilidad de la nómina, lo que implicará una menor disposición a otorgar prestaciones a sus trabajadores.

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