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Luego de que hace apenas unos días empresarios del país anunciaran que interpondrían una demanda penal colectiva en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por los daños y perjuicios causados a sus empresas y derechos constitucionales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció en conferencia de prensa que en los próximos meses se detendrán las inversiones en diversos estados con la consecuente cancelación de 40 mil nuevas plazas de trabajo.

A su vez, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó como un “chantaje terrible” el anuncio de la Concamin de suspender la inversión por 50 mil millones de pesos en las llamadas Zonas Económicas Especiales -que incluyen a Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca- ante las movilizaciones y bloqueos del magisterio disidente.

Insistieron en que la cúpula empresarial busca un reclamo “desproporcionado, que sólo busca politizar una realidad que no generamos los maestros, ya que por más de 11 meses buscamos el diálogo sin salir a la calles”.

Ante el anuncio del sector empresarial, de realizar diversas acciones de inconformidad, la contaduría pública organizada hizo un llamado para que tales acciones se conduzcan por los cauces legales, sin afectar el cumplimiento de obligaciones fiscales como el pago de impuestos. Hervert Sáenz, presidenta Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) subrayó que el incumplimiento en el pago de impuestos que anunció el sector empresarial por los bloqueos del magisterio disidente sólo agravaría los daños que las protestas causan a la sociedad, incluidos a los propios empresarios.

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