El combate al lavado de dinero en México que puede llegar hasta 29 mil millones de dólares anuales necesita mayor difusión y que los obligados tengan “amnistía” para que no se ven afectados por las multas millonarias por no presentar los avisos correspondientes.

La contaduría púbica organizada solicita una “tregüa” en materia de presentación de avisos en contra de lavado de dinero para que se tenga una situación similar de “regularización espontánea” para evitar las multas millonarias que han alcanzado hasta la iglesia.

El presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), José Besil Bardawil, señaló que se tiene un cumplimiento muy bajo en la presentación de los avisos que no supera el 5 por ciento de los obligados”

“Tenemos conocimiento de una multa que le llegó a una pequeña parroquía por 19 millones de pesos. A la fecha sigue en contingencia esa multa. Una multa puede llegar a 15, 24 o 35 millones de pesos”, indicó Besil Bardawil.

Besil Bardawil indicó que se quiere un “periodo de tregua” para presentar los avisos para evitar las multas porque su carácter es diferente al fiscal que por “presentación espontánea” se libera de la multa, en el caso de lavado de dinero no es así, y por eso se solicita un periodo para presentar los avisos sin multa.

“En el IMCP nos pronunciamos por solicitar a las autoridades dentro de la legislación aplicable, incluir el concepto de “no multa por cumplimiento espontáneo, con el objeto de hacer una promoción y cumplimiento de las obligaciones, o en su caso, corregir las que se hayan de manera incorrecta”, precisó Besil Bardawil.

Documentos del Senado de la República señalaron que un estudio elaborado por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos en colaboración con la Secretaría de Hacienda de cada año ingresan en este país entre 19 mil a 29 mil millones de dólares.

Además, en la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con recursos de procedencia ilícita 2016, detalló que en el periodo 2010-2014 del total de sujetos inculpados en las causas penales iniciadas por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) se presentaron sentencias condenatorias en un 15 por ciento y absolutoriamente en el 4 por ciento en promedio por año.

En ambos casos se observa un decremento en el porcentaje de sentencias al pasar del 20 al 5 por ciento de 2010 a 2014 para las sentencias condenatorias, y de 3 a 1 por ciento en el mismo periodo para las absolutorias. En promedio, en el 12 por ciento de los casos se concluye el proceso penal por un medio distinto a la sentencia.

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