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De acuerdo a la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Leticia Hervert los 33 mexicanos que están siendo investigados por el gobierno federal, por estar implicados en los papeles de Panamá, podrían recibir tanto sanciones administrativas como penales que conllevarían condenas de cárcel de hasta nueve años.

Sin embargo, Hervert Sáenz admitió que la filtración que ha dado la pista a la investigación carece de validez por sí misma.

“Esa información en un juicio en México carecería de fundamento legal porque fue obtenida de manera ilegal”, explicó.

Además, recordó que los bancos no “están en absoluto obligados” a informar sobre la procedencia de los recursos de sus clientes al no ser “auditores fiscales” y las sociedades “offshore”, por lo que a pesar de crearse en un tiempo récord, bajo gran secretismo y sin apenas tributar, están permitidas en México y en muchos otros países.

Entrevistada por Efe, la experta destacó que el impago de impuestos conlleva una multa de “casi el 100 por ciento de la cantidad no pagada”, mientras que si no se consigue aclarar el origen de estos recursos se puede “tener prisión de tres meses hasta nueve años”.

Asimismo, destacó que ambos procesos – tanto administrativos como penales – pueden ser investigados “en paralelo”.

Desde el miércoles, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez informó que ya se investigan 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios relacionados con el destape de 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas de la firma panameña Mossack Fonseca.

De estos, sobresalen los casos del contratista del Gobierno mexicano Juan Armando Hinojosa – dueño de Grupo Higa – que ocultó hasta 100 millones de dólares en paraísos fiscales, así como el del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.

También están implicados un socio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y dos altos directivos Televisa y TV Azteca.

Según Núñez Sánchez, dieciocho de esas personas tienen ya una auditoría y dos son investigados a petición de otros países.

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