C.P.C. Y M.I. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP

No es la primera vez que México se preocupa por programas de ayuda alimentaria ni es privativo de nuestro país; estos han existido desde siempre con diversos propósitos, desde el combate a la pobreza, la repartición de la riqueza, mejoramiento del nivel de vida, incremento de la productividad, hasta propósitos sociales y políticos.

Instituciones como el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los gobiernos en el mundo cuentan con diversos programas de esta naturaleza, siempre con propósitos no muy alejados a los mencionados. En México, el gobierno Federal y local, no obstante el presupuesto reservado para estos rubros, constituyen programas con recursos del erario o aprovechando su potestad, por medio de las disposiciones fiscales para fomentar la alimentación.

A diferencia de la ayuda en efectivo, mediante los sueldos, la implementación de programas de ayuda alimentaria otorgados en especie, cupones, vales en papel y electrónicos para alimentos, pueden, además, estimular la producción local, fortalecer los sistemas alimentarios locales y a los beneficiarios en una forma que la alimentación tradicional no garantiza el desarrollo físico y mental de los ciudadanos y el cumplimiento de los propósitos mencionados.

No obstante lo anterior es menester aclarar que, por su naturaleza, estos programas ocasionan varios problemas; por ejemplo, que esta ayuda no llegue a los beneficiarios o que sean utilizados con propósitos políticos y fiscales.

La ayuda alimentaria admite un doble criterio de clasificación: en función de su donante y en función de su utilización. En cuanto al primero, según quién sea el donante la ayuda alimentaria puede ser:

• Ayuda alimentaria unilateral.
• Ayuda alimentaria bilateral.

En cuanto al segundo, según sea su utilización puede ser:

• Bienestar social.
• Fuerza laboral.
• Casos específicos (madres solteras, enfermos, tercera edad).
• Emergencias (desastres naturales, epidemias, etcétera).

La ayuda alimentaria puede mejorar el poder adquisitivo familiar, pues los trabajadores dedican a la compra de alimentos entre 22 y 38.3% de su gasto total, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares; sin embargo, como ya lo advertimos no pretende sustituir este gasto sino complementarlo con alimentación directa a la fuerza productiva.

Del mismo modo, puede mejorar los niveles de pobreza en nuestro país, en los que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en promedio coinciden con los determinados por otras organizaciones, se habla de 18.2% de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional y de 47.4%, de personas en condición de pobreza de patrimonio en el país. En consecuencia, afirmo que este programa no tiene tal propósito, aunque incide en este aspecto, positivamente.

Como ya lo comenté, este programa restringe la ayuda alimentaria a la fuerza laboral; es decir, en esencia tiene el propósito de otorgar ayuda en alimentos a los trabajadores para que mejoren la salud laboral y, por ende, el de la productividad.

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