Por: Daniel Ortíz de Montellano, CAMS, CFCS

Integrante de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP

 

Texto Original: Alonso, L. F. (05 de Agosto de 2016). Narcotraficantes de Argentina lavaron US$269 millones: Ministra. Recuperado el 07 de Agosto de 2016, de InSight Crime: Centro de Inevstigación de Crimen Organizado: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/narcotraficantes-de-argentina-lavaron-us-269-millones-ministra

 

Sin duda, el blanqueo de capitales no es solo un problema que afecte al sistema financiero nacional o internacional, ya que se ha demostrado que este flagelo trae consigo consecuencias sociales graves como la desestabilización de las políticas monetarias de los países, ya que el banco central pierde el control del efectivo real que circula en la economía y problemas sociales, considerando que los gobiernos deben de destinar un mayor porcentaje del presupuesto para fortalecer los controles que imponen a los flujos de dinero y a mejorar el entrenamiento y el armamento de las policías para que puedan hacer frente a los grupos del narcotráfico.

 

Considerando lo anterior, además de que en muchas ocasiones el presupuesto que se destina por los gobiernos a combatir estos delitos se obtiene del presupuesto que se tenía para programas se asistencia social o para mejoras en los servicios sociales, éste es insuficiente para competir con los recursos del crimen organizado, por lo que la sociedad se ve severamente afectada ya que no solo pierde oportunidades de una mejor calidad de vida, sino que el crimen permea a los grupos sociales y se tiene un doble problema.

 

Es conocido que el Latinoamérica, el lavado de dinero es un negocio multimillonario que, principalmente, proviene del narcotráfico. Los gobiernos latinoamericanos han demostrado, en más de una ocasión, que los grandes grupos delictivos cuentan con más recursos que éstos y se ven imposibilitados para hacerles frente. De ahí que muchos países, con apoyo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) estén adoptando programas como la iniciativa StAR (Stolen Asset Recovery, iniciativa de Recuperación de Activos Robados) que les permite recuperar gran parte del dinero decomisado a los grupos del narcotráfico para resarcir el daño creado tanto a las víctimas como al país.

¿Qué ocurrió en Argentina?

El pasado 02 de agosto del presente, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, expuso ante el congreso de dicho país la problemática que los narcotraficantes presentan, en aras de buscar apoyo para una nueva legislación de confiscación de Activos.

 

“En los últimos cinco años, los narcotraficantes lavaron 269 millones de Dólares”, expuso la ministra ante tres comisiones del senado, en donde, para fortalecer sus peticiones, presentó un informe del año 2009 emitido por la UNODC en el que se señala que los grupos del narcotráfico en argentina ganan cerca de 1.1 millones de dólares anualmente.

 

“Nosotros buscamos una herramienta para quitar inmediatamente los bienes, para que los narcos no puedan seguir utilizando ese dinero para hacer crecer el negocio” indicó Bullrich.

 

Bajo la idea anterior, la ministra expuso que los bienes confiscados se destinarían a las arcas del gobierno, con el fin de proveer equipamiento para el personal de seguridad y financiar proyectos sociales; Bajo esta idea, la ministra realizó comparaciones sobre la cantidad de viviendas, ambulancias, material para hospitales y escuelas que se podrían haber incorporado al recuperarse el dinero detectado en las principales operaciones antidrogas de los últimos 5 años.

 

Esta legislación, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, le permitiría al gobierno confiscar los bienes de los narcotraficantes, incluso antes de que los tribunales dicten sentencia. Posteriormente, una vez que sea confirmada su ilegal procedencia, se abriría un juicio penal para confiscar esos bienes. Esta norma no solo contempla los casos de narcotráfico, sino de otros delitos como la trata de personas, terrorismo, lavado de dinero y corrupción.

 

Lo anterior, guarda cierta concordancia con la tendencia mundial del decomiso y confiscación de bienes, así como del embargo precautorio. Diversas comisiones de las Naciones Unidas consideran esta figura al hablar de que es preferible un embargo precautorio en lo que las investigaciones y el juicio terminan, a dejar los bienes libres y que los grupos criminales puedan culminar la operación, para después invertir más recursos en encontrar esos bienes y recuperarlos.

 

El kirchnerismo en el Senado planteó la posible inconstitucionalidad de una ley que extinga el dominio de bienes de un acusado sin sentencia firmen; Sin embargo, la posición no sería imponer su mayoría para el rechazo del proyecto, sino generar modificaciones en el texto.

 

¿Qué podemos aprender?

La propuesta de la ministra argentina puede ser considerada como un poco descabellada, sin embargo, plantea una situación que los países, y sobre todo los latinoamericanos, deberían de considerar para volver más eficiente la lucha contra el narcotráfico.

 

El embargo precautorio y la posterior extinción de dominio, son figuras jurídicas que aún se encuentran en desarrollo en la mayoría de los países y que en algunos otros como en el caso colombiano, han demostrado ser un poco ineficientes.

 

Del caso colombiano podemos rescatar que, con la ley de extinción de dominio, el gobierno se comenzó a llenar de activos sin valor que eran confiscados y que no tenía ningún caso repatriarlos. Se invertían muchos recursos en la recuperación de ciertos activos, que al final del día resultaban no representar la suma invertida en recuperarlos. Todo esto desencadenó modificaciones a la ley de extinción de dominio, para darle prioridad de recuperación a activos de alto valor.

 

En el caso de Argentina, podemos concluir que la propuesta es buena. Si bien es cierto que se podrían violar algunos derechos, partimos de la idea de que es mejor un embargo precautorio en lo que se realizan las investigaciones pertinentes, a que se dejen libres y los narcotraficantes puedan culminar sus operaciones y al final se descubra que los bienes efectivamente eran de procedencia ilícita y se tengan que emplear técnicas forenses más costosas que permitan su recuperación.

 

Sin duda, debemos esperar a que la cámara alta dicte un dictamen final sobre el proyecto para poderlo ver en funcionamiento y de esta manera, evaluar la efectividad del mismo. Creo, a título personal, que los países, en específico aquellos en donde las investigaciones tienden a ser extensas, deberían de evaluar la posibilidad de aplicar un modelo parecido y con ello, ahorrar muchos recursos una vez que se descubre el ilícito.