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El Financiero, Finanzas

Marcela Ojeda Castilla

México se encuentra en una situación de emergencia fiscal, por lo que los senadores deben aprobar el IVA de 16 por ciento, tal y como lo avalaron los diputados, advirtió el secretario de Hacienda, Agustín Carstens.

En la búsqueda de fuentes de crecimiento, se deben ver cuáles son las restricciones y actuar en consecuencia, apuntó.

Asimismo, subrayó que quizá la diferencia está en cómo gobierno y Congreso perciben el sentido de urgencia de responder al choque fiscal, y la capacidad del país de sobrevivir a ese impacto con y sin reacción de parte de las autoridades.

“Desde nuestro punto de vista, el shock es de tal magnitud que no podemos estar inermes y no reaccionar, porque las expectativas se deteriorarían de manera tan grave que nos afectarían precisamente en el crecimiento, en la capacidad de crear empleos y en la misma inflación”, alertó.

Al reunirse con senadores para analizar diferentes aspectos del paquete económico 2010, Carstens reconoció que ante la ausencia de consensos sobre la Contribución de 2 por ciento Contra la Pobreza, Hacienda propuso, entre otras, la opción de reforzar la recaudación en materia de consumo vía elevar el IVA a 16 por ciento.

El senador del PRI Francisco Labastida le cuestionó por qué el Ejecutivo presentó un paquete que no impulsa el crecimiento, pero genera inflación y no contribuye al empleo.

Carstens le respondió que es necesario encontrar el camino para elevar en forma sostenible la tasa de crecimiento.

Insistió en que, sin lugar a dudas, es necesario llevar a cabo la medida de 2 por ciento al consumo, “porque sí nos ayudará a resolver un problema estructural de gran calado que tiene nuestro país, que es la atención de la población más pobre”.

También le respondió que ciertamente en el Proyecto de Presupuesto 2010 el gasto corriente aumenta y el gasto de capital cae, “pero no se debe satanizar al gasto corriente; es importante ver la calidad de ese gasto, porque en él hay gasto en inversión y en capital humano”.

Sin daño patrimonial

En cuanto a la consolidación fiscal, Carstens manifestó que por este tema se ha presentado un debate jurídico con diferentes empresas, “pero es nuestra consideración que es una propuesta plenamente constitucional que está sustentada en la jurisprudencia de la Corte”.

Dijo que con base en información de los balances de las empresas, la consolidación no les genera un daño patrimonial, porque simplemente es una sustitución de acreedores o uso de su liquidez.

“Dada la información que tenemos de su balance financiero, el impacto no sería significativo. En ese sentido, nosotros pensamos que esta propuesta sí ayudará a limitar ciertas fugas fiscales que teníamos, lo que, sobre todo, es esencial en estos momentos en los que si hay algún problema que enfrenta México, es precisamente esta crisis fiscal.”

Sobre los gastos fiscales y la depreciación anticipada, subrayó que en este momento no la modificaría porque es importante para estimular la inversión.

“Sin lugar a dudas, sí reconozco que es una discusión fundamental que Hacienda quiere ser parte de ella, y creo que sí podemos eficientar mucho nuestro esquema tributario y de finanzas públicas si hacemos un análisis concienzudo de lo ahí incluido, y de ahí desprender posibles modificaciones al régimen tributario que nos ayudaría mucho a fortalecer las finanzas públicas del país”, apuntó.


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