El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha concluido que México tiene un régimen contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, maduro y con un marco legal e institucional bien desarrollados. Sin embargo, considera que debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de activos, además de confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos, entre otros.

En el Informe de Evaluación Mutua que fue adoptado en su reunión plenaria de noviembre pasado y que se basó en la visita que realizó a México en el 2016, el GAFI destaca que pese a que ha habido avances desde el 2008 (fecha de la última evaluación), y que tanto autoridades como jugadores del sistema financiero comprenden bien la problemática, el país se enfrenta a un riesgo significativo de lavado de dinero, proveniente principalmente de las actividades generalmente asociadas con la delincuencia organizada como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal.

En el reporte, el organismo internacional señala que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)—dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— funciona bien, el volumen de inteligencia comunicado a la Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad, lo que da lugar a un bajo número de investigaciones de este tipo.

De igual forma, refiere que hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de dinero como una de sus prioridades clave.

“El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso (…) en vista de las serias amenazas que representan los principales delitos determinantes (por ejemplo, la delincuencia organizada o el tráfico de drogas), las autoridades competentes parecen otorgar mucha más prioridad a la investigación de estos delitos que al lavado. Consecuentemente, la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado es muy baja”, explica.

Asimismo, el organismo menciona que se detectaron deficiencias significativas en el modo en el que se investigan los casos de lavado de dinero. “Específicamente, sólo muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo. El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves”.

NO SE IDENTIFICA AL BENEFICIARIO FINAL

En su informe, el GAFI también comenta que no se persigue el decomiso del producto ni los instrumentos del delito de forma sistemática. “Las autoridades no están utilizando las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto por el uso de la lista de personas bloqueadas de la UIF. No se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado”.

Señala, además, como una preocupación grave a lo largo de todos los sectores, el que se identifica al beneficiario final solamente de forma limitada, influyendo sistemáticamente en la efectividad de las entidades en relación con la evaluación y la gestión de riesgos de lavado dinero y financiamiento al terrorismo.

“En gran medida debido a las debilidades en el marco jurídico, las instituciones financieras intentan identificar a los beneficiarios finales, sólo en circunstancias limitadas. Cuando deben identificar a los beneficiarios finales (personas jurídicas consideradas de alto riesgo y personas físicas), las instituciones financieras depositan una confianza indebida en la autodeclaración de los clientes para identificar a los beneficiarios finales”, puntualiza.

Agrega: “para la mayoría de las personas jurídicas que no está categorizada como de grado de riesgo alto, las instituciones financieras solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de los clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad. Otras instituciones generalmente creen que no es su función identificar a los beneficiarios finales”.
FISCALIZACIÓN DE OTROS ENTES, MENOS DESArROLLADA

Por otra parte, el GAFI argumenta que si bien los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos de los sectores de los cuales son responsables y han implementado enfoques basados en el riesgo, la fiscalización de otras entidades se encuentra menos desarrollada y cuenta significativamente con menos recursos, lo que ha derivado en que, hasta la fecha, no se hayan aplicado sanciones de manera efectiva, disuasiva y proporcionada.

“Si bien (el sector financiero) reconoce la amenaza general de la delincuencia organizada que enfrenta México, la apreciación por parte de las profesiones y actividades no financieras designadas de los riesgos de lavado de dinero parece limitada”, enfatiza.

Indica que aunque México finalizó su Evaluación Nacional de Riesgo en junio del 2016 y desde entones adoptó varias acciones de alto nivel para mitigar los riesgos identificados, éstas no fueron lo suficientemente integrales ni prioritarias como para resultar en una adecuada asignación de recursos en el ámbito federal, estatal y comunitario.

SE PODRÍA HACER MÁS EN PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

En cuanto al combate al financiamiento al terrorismo, el organismo internacional detalla que, en general, México tiene un marco institucional y legal, vigente, sólido para investigarlo y perseguirlo, así como para imponer sanciones.

“No obstante, podría hacer más para garantizar que las autoridades pertinentes estén mejor equipadas, con las herramientas correctas, en cuanto a capacitación, experiencia y establecimiento de prioridades, a fin de que sean más capaces de detectar y desbaratar el financiamiento al terrorismo de forma efectiva”, explica.
BANCOS, LOS DE MAYOR RIESGO

En el informe, el GAFI destaca que los bancos son lo que están en mayor riesgo, aunque otros sectores también son vulnerables a las actividades de blanqueo.

Y añade: “Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y están bien interconectados con el sistema financiero internacional. Las casas de bolsa y otras entidades, especialmente los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios, participan en un alto volumen de operaciones y están expuestos a las amenazas de lavado de dinero”.
se deben asignar más recursos y aumentar especialización del personal
Recomiendan “priorizar la investigación del blanqueo”

Ante este escenario, el GAFI en su informe recomienda una serie de acciones prioritarias para México, a fin de reforzar el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En primer lugar, recomienda priorizar la investigación del lavado de dinero y asignar recursos adicionales, además de fortalecer la investigación financiera y la coordinación interna dentro de las unidades fiscales a nivel federal y estatal; mientras que la PGR debería aumentar el nivel de especialización de sus unidades.

También, dice, integrar el decomiso como un objetivo dentro de las políticas del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; mejorar la calidad de los reportes brindando mayor orientación a los sujetos obligados, y aumentar las comunicaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para respaldar las investigaciones.

Recomienda iniciar investigaciones financieras paralelas de conformidad con los riesgos de México, y mejorar la comprensión de las instituciones financieras y otras entidades (particularmente los notarios, abogados y contadores) en relación con los riesgos generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos.

De igual forma, fortalecer las medidas de beneficiario final, y revisar las penas financieras a los supervisores para establecer si pueden ser aplicadas en forma realista para que sean efectivas, especialmente en las instituciones financieras más grandes.

Finalmente, adoptar las medidas legislativas necesarias para permitir que México brinde la cooperación internacional más amplia.

“La PGR debería ser más proactiva hacia las investigaciones de lavado de dinero que tienen una dimensión trasnacional”, concluye.

En este sentido, la Secretaría de Hacienda manifestó su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas.

“Pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida, que siga cumpliendo con los mejores estándares internacionales en la materia, de forma que se garanticen las condiciones para prevenir las amenazas del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

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