Reforma fiscal puede
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Enrique Duarte
Los extranjeros podrían considerar que los cambios en la consolidación fiscal como expropiatorios; el Congreso analiza aprobar que los grupos corporativos paguen todo su ISR diferido en 2010.
En la búsqueda de mayores ingresos para la Federación, las autoridades mexicanas podrían afectar a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, con las modificaciones fiscales e incurrir en incompatibilidad con el TLCAN.
Los cambios que el Congreso de la Unión prevé realizar al régimen de consolidación fiscal en México, podrían resultar incompatibles con las disposiciones en materia de expropiación previstas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según un análisis de la consultoría IQOM.
Los legisladores podrían aprobar en los próximos días cambios en dicha consolidación establecida en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), donde actualmente permite a un grupo de empresas tributar como una sola entidad económica.
Es decir, se permite el pago diferido del ISR producto de la disminución de pérdidas fiscales obtenidas por una o varias empresas de un grupo, contra las utilidades fiscales obtenidas por otra dentro del mismo grupo.
La propuesta de reforma que aprobaron los diputados y enviada al Senado prevé que las empresas que no hayan cubierto el ISR diferido al 31 de diciembre de este año lo deberán pagar todo durante el ejercicio fiscal de 2010.
El pago del ISR será de un 40% inicial y el resto en cuatro pagos anuales. La propuesta afectaría a las empresas que consolidaron con anterioridad al ejercicio fiscal de 2005, obligándolas a pagar su saldo pendiente, es decir, tiene un efecto retroactivo.
De aprobarse el nuevo esquema de consolidación iría en contra del TLCAN. “Para los inversionistas canadienses o estadounidenses podría considerarse una medida equivalente a una expropiación, por lo que, podrían recurrir al procedimiento inversionista-Estado establecido en el Capítulo XI del Tratado y demandar al Gobierno de México un pago pecuniario”, dijo IQOM.
La Sección A del Capítulo XI del TLCAN establece que:
Ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea: por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego al principio de legalidad y mediante indemnización.
Los inversionistas podrán solicitar un panel internacional o podrá someter el asunto a las autoridades financieras competentes de los tres países.
México firmó el TLCAN con Estados Unidos y Canadá en 1994, para crear un bloque comercial y facilitar el flujo de mercancías.
El cambio en la consolidación fiscal, previsto en la Ley de Ingresos para el 2010 podría afectar los recursos disponibles de las empresas para tratar de salir de la crisis en la que se encuentra el país.
El Gobierno envió al Congreso de la Unión, dentro de su paquete económico, una reforma fiscal que busca, en parte, subsanar un boquete en los ingresos presupuestarios para el siguiente año de poco más de 300,000 millones de pesos.
Actualmente el Senado se encuentra revisando el régimen de consolidación fiscal, mientras que los grupos empresariales han presentado sus críticas ante los legisladores para tratar de echar por tierra este proyecto.
La Cámara alta tiene hasta el 31 de octubre para aprobar esta medida, para rebotarla con los diputados para su total aprobación.
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