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México, rezagado en sanciones antilavado
El Universal, Cartera
Romina Román Pineda
México registra un rezago en los controles y castigos para prevenir y combatir el lavado de dinero dentro del sistema financiero, dicen especialistas.
De acuerdo con el artículo 400-BIS del Código Penal Federal, las sanciones para quien realice operaciones con recursos de procedencia ilícita van de 5 a 15 años de prisión, así como una multa de mil a 5 mil días de salario mínimo, es decir, de 60 mil a 300 mil pesos.
Las penas económicas son menores a las que se aplican en otras naciones. Por ejemplo, en Brasil la multa va desde 100 mil hasta 10 millones de dólares, así como cárcel de 3 a 10 años.
En España, el importe mínimo de las sanciones es de 150 mil hasta un millón y medio de euros.
En Perú los castigos son privación de la libertad de entre 8 y 15 años, pero para funcionarios públicos, agentes inmobiliarios, financieros, bancarios o bursátiles, la pena por prisión se eleva de 10 a 20 años.
En Estados Unidos las sanciones llegan hasta 20 años de prisión, así como multas de un máximo de 500 mil dólares. En el Vaticano se contempla penas de 12 años de cárcel por lavado y 15 por delitos que se vinculen con el terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó, hace unos años, que si bien hay progresos en el desarrollo de los sistemas para combatir el lavado de dinero en México “las leyes que penalizan este delito no responden plenamente a las normas internacionales”.
Arturo Argente, director del departamento de derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, consideró que respecto a naciones desarrolladas como EU, Reino Unidos, Alemania o incluso Colombia, en el sistema bancario nacional hay grandes vulnerabilidades.
En entrevista a EL UNIVERSAL, el investigador mencionó que en principio se deben otorgar mayores facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que pueda interponer denuncias por delitos financieros, entre los que se incluye el lavado de dinero.
En el caso HSBC, dijo, la CNBV sabía que habían operaciones sospechosas pero no podía denunciarlas de manera directa.
Esta falta de atribuciones en las dependencias genera controversia, descoordinación entre las autoridades que se encargan de la investigación de delitos financieros.
Este tema, dijo, también se asocia con el secreto bancario, el cual se convierte en un “escudo” para que el lavado siga fluyendo.
Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, reveló que uno de los problemas de la dependencia es su imposibilidad de revelar los procesos de saciones contra el delito de blanqueo, “hasta que no queden en firme”. Insistió en que se requiere modificar el marco legal, a fin de tener mecanismos más transparentes.
