El Financiero, P4-Finanzas

Marcela Ojeda Castilla

Las propuestas para reformar el Código Fiscal de la Federación (CFF) buscan más facultades de la autoridad fiscal para mejorar su eficiencia recaudatoria menoscabando la seguridad jurídica del contribuyente.

Ante ello, los legisladores tendrán que atemperar las propuestas que violentan nuestro Estado de derecho.

Además, los cambios en las facultades de comprobación y cobro coactivo podrían derivar en abusos por parte de la autoridad, advirtió en entrevista con EL FINANCIERO el vicepresidente de Asuntos Fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Carlos Cárdenas Guzmán.

A su vez, y ante la propuesta del Ejecutivo sobre el congelamiento de cuentas bancarias de los contribuyentes para así garantizar el pago de créditos fiscales, Herbert Bettinger, socio director de Servicios Jurídicos Integrales de la firma Ernst&Young, subrayó que para ello se requiere un mecanismo mediante el cual el embargo o congelamiento de cuentas se haga en cuestión de horas.

Dijo que como antecedente se tiene el Buró de Crédito, donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sube a los contribuyentes morosos muy rápido, pero para bajarlos cuesta mucho tiempo y trabajo.

“Si para este proyecto ya se tiene el mecanismo ágil de embargar y levantar el embargo en horas, podría ser exitoso, pero si el gobierno no está preparado, será de gran angustia y paralizará empresas, al grado de que no puedan pagar salarios, y se estaría matando a la empresa o al contribuyente persona física.

“Va a doler mucho, pero es la única forma en que se va a captar la atención del contribuyente para solucionar un problema, aunque se estaría afectando a muy pocos, dejando libre al 93 por ciento de la población que no paga impuestos”, explicó Bettinger Barrios.

Violación a la ley

Entre tanto, Francisco Macías, expresidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública y vicepresidente electo del IMCP, consideró que con el congelamiento de cuentas bancarias sí se podría incurrir en violaciones a la ley.

“Se deberá separar específicamente la inversión de cada contribuyente en las empresas. Desde el punto de vista legal, no sé si haya justificaciones de amparo, pero en el aspecto administrativo, estoy convencido de que se pueden frenar la inversión y la generación de empleo”, dijo.

Agregó que cualquier pequeño inversionista no metería su capital porque correría el riesgo de que con recursos de su patrimonio familiar tuviera que responder en forma personal por el pago de impuestos o de créditos específicamente determinados a un negocio que tal vez ni él administre.

“El SAT debe hacer su trabajo y no pretender que con su patrimonio, una persona física garantice el pago de créditos fiscales de una empresa en que es accionista. Eso es frenar tanto la inversión como la generación empleos, porque el accionista ya no respondería sólo por la aportación de su patrimonio en el capital de la empresa, sino por el pago de créditos fiscales”, enfatizó.

Asimismo, Bettinger manifestó que sería un exceso que a priori, en el momento en que se iniciara una revisión, a juicio de la autoridad se congelaran las cuentas bancarias sólo por el hecho de que se estuviese iniciando una revisión.

“Para Chile eso ha sido un gran éxito. Allá, cuando inicia una revisión fiscal y ésta es dudosa en cuanto al comportamiento del contribuyente, se congela la cuenta fiscal.

“Eso le ha ayudado mucho a la autoridad chilena, porque es cuando el contribuyente reacciona y coopera con la autoridad, y dependiendo el grado de cooperación empieza a liberarle parte de lo que tiene en esas cuentas”, enfatizó.