Se dice que la asesoría de un contador cada vez es menos necesaria, pero no es así, sostiene el nuevo presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Leobardo Brizuela.

En entrevista, afirma que los verdaderos efectos de la reforma fiscal se verán en 2015. En lo que va del año, dice que vamos en la quinta resolución miscelánea; son una serie de artículos muy técnicos y como contadores tienen que ayudar a los contribuyentes a la adecuada interpretación.

Brizuela es un contador especializado en auditoría en la firma Crowe Horwarth Glosser, que al tomar las riendas del IMCP tendrá, entre otros retos, que convencer por qué no es viable una iniciativa legal para obligarlos a certificarse y a colegiarse.

Según el Inegi, la matrícula de contadores egresados se redujo, ¿ya no son necesarios?

No se tiene una baja en la matrícula de escuelas de contaduría, más bien se ha diversificado, se han generado especialidades. Las universidades privadas han generado una serie de carreras que tienen en sus planes de estudios al contador público; ahora es licenciatura en finanzas o administrador. Están utilizando términos que a lo mejor comercialmente son atractivos para los jóvenes, pero finalmente en el fondo es la carrera de contador público con una especialidad en finanzas, fiscal o sistemas contables.

¿Qué retos enfrenta la profesión?

Un desafío muy interesante es la iniciativa de ley que está en el Senado de la República para la colegiación y certificación obligatoria de los contadores. Nosotros vemos de fondo problemas de legalidad, porque las normas de derechos humanos prohíben que a alguien se le obligue a estar en una agrupación y esa ley obligaría a todo mundo a estar en un colegio y eso iría contra los acuerdos y tratados de derechos humanos. Se debe tener mucho cuidado; ya hubo en el pasado esos intentos y siempre, por la parte legal, finalmente no se dan.

¿Quién impulsa esa iniciativa?

La senadora Eli Gómez, del PRI. Si bien es buena la propuesta al considerar que un profesional esté bien calificado para que no ponga en riesgo tu patrimonio, debe ser una labor de convencimiento, en la que el contador se acerque a su colegio, porque le interesa ser una persona calificada y conocedor del tema. Nosotros salimos de las universidades con un título que nos avala como aptos para ejercer la profesión. Esta certificación desconocería eso; sales con el título y no puedes ejercer, porque tienes que presentar un examen para poder ejercer. También las universidades de alguna manera están siendo molestadas, al considerar que el título universitario no tiene validez. Por eso los legisladores deben cuidar mucho esa propuesta.

¿Qué perderían?

El reconocimiento internacional. Tenemos convenios con distintas organizaciones, entre ellas el Banco Mundial, tratados de libre comercio y acuerdos entre profesiones, ya que nos reconocen en Estados Unidos y Canadá. Nuestra certificación es válida en esos países; si pasa esa iniciativa todo se perderá.

¿En otros países se aplica la certificación obligatoria?

Sí, en Brasil hay 400 mil agremiados. Lo único distinto es que hoy el Instituto de Contadores Públicos trabaja para proteger a sus agremiados; cuando te hacen una colegiación obligatoria te convierten en parte del Estado y entonces más bien vas a trabajar para el Estado y vamos a estar viendo lo que nos indiquen. Hoy por hoy el instituto dicta las reglas de calidad y ética, y si llegamos a eso, el gobierno las marcará. Eso es grave.

Eso sucede con los agentes aduanales…

¡Exactamente! También está pasando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para certificar a sus empleados en materia de lavado de dinero. A los contadores los obligarán a certificarse y ser miembros de algún colegio, que podría haber más de 60, cuando debemos cuidar un control de calidad estricto, si no, ¿quién va a cuidar eso? Creo que no es la solución, sino más bien cuidar que esas instituciones, que hoy están generando contadores, tengan ayuda para que tengan estudiantes de calidad.

Y en materia fiscal, ¿qué cambios plantearán los contadores?

Sabemos que hay un acuerdo de certidumbre tributaria, pero eso no nos impedirá continuar a que hagamos propuestas que beneficien a la sociedad; tenemos la obligación de cuidar nuestra responsabilidad social en la parte de los impuestos. La reforma hacendaria la estamos difundiendo, porque hoy por hoy no llegamos al fondo de la reforma, todavía no sentimos los efectos reales, lo vamos a ver el 31 de marzo, cuando las empresas presenten sus declaraciones. Y el 30 de abril, cuando las personas físicas presenten su declaración y van a tener que estar acompañados de un contador; el empresario no conoce todavía.

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