Será este miércoles 17 de agosto cuando se observe si los empresarios cumplen con su amenaza, o si realmente resultaron dañados por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) presentando una declaración fiscal en ceros, lo que se traduciría en no pagar impuestos.

Luego de que el pasado 8 de agosto cientos de comerciantes de Oaxaca, llenos de hartazgo, paralizaran la economía local al bajar las cortinas de sus negocios, declararse sin ingresos se perfiló como una siguiente acción de protesta de la iniciativa privada, cuyo destinatario es el gobierno al que acusan de inacción ante esta situación.

Sin embargo, se trata de una acción que podría llevarlos a violar la ley, en el caso de que se presente información falsa, alcanzando penas hasta de ir a prisión, tal y como comenta Olga Leticia Hervert Sáenz, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en entrevista con La Razón.

La especialista recuerda que falsear información para evadir impuestos implicaría multas mínimas de mil 350 pesos por obligación omitida cada mes y al tener 5 obligaciones (ISR, IVA, retenciones) habría sanción por cada una: “estamos hablando de que habría una multa de 5 a 6 mil pesos mensuales por el tiempo que dure la presentación o no presentación de estas declaraciones. En datos falsos a la autoridad hay sanciones que pueden ir con una sanción penal como lo es la defraudación fiscal”.

Y aun cuando las compañías no obtuvieran ganancias existen otras vías para cumplir con esta obligación fiscal.

“Las autoridades tienen facultades para prorrogar el pago de impuestos que puede ser de 6 a 36 meses, en caso de que ya tenga un impuesto determinado y por la falta de flujo no puedan pagar esa cantidad en una sola exhibición”, apunta Hervert.

Recomienda no caer en el camino de la ilegalidad, pues no se sabe a ciencia exacta cuándo podría acabar el conflicto magisterial, incluso se podría prolongar luego de tres meses en los que los maestros han bloqueado, a diario, accesos a centros comerciales y a vías de comunicación férreas y carreteras.

Debido a estas protestas magisteriales, se han reportado pérdidas por 4 mil 200 millones de pesos para los meses de mayo y junio, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). En tanto que estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señalan que los daños económicos por el conflicto son de 75 mil millones de pesos.

Ante este panorama, los empresarios anunciaron, el pasado 2 de agosto, que aquellos negocios que tuvieran pérdidas iban a presentar sus declaraciones en ceros el próximo 17 de agosto –día en que mensualmente las compañías entregan su informe fiscal-.

Para Hervert, la acción puede llegar a ser hasta legítima mientras no se caiga en el juego del chantaje.

“Sí apoyamos que los empresarios exijan que haya orden en la ciudad. Esto ha traído consecuencias no sólo para ellos, el sector productivo que es el que impulsa el desarrollo económico; pero, no podemos exigir que la autoridad haga su trabajo de que cumpla con lo que establece la ley cuando nosotros, a manera de queja o reclamo, lo estamos haciendo a través de los mismo métodos”, puntualiza.

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