El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó a 30 servidores públicos del gobierno de Sonora durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías como presuntos responsables de irregularidades fiscales que habrían beneficiado a 574 contribuyentes de esa entidad con mil 705 millones de pesos en perjuicio de la Federación.

Así lo dio a conocer el jefe del organismo, Aristóteles Núñez Sánchez, quien aclaró que el exgobernador, por el momento, no se habría visto involucrado porque no tenía atribuciones directas en las labores de la dirección, supervisión o firma de actos en los que el SAT descubrió las irregularidades cometidas durante su administración.

En declaraciones a la prensa luego de fismar un convenio con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Núñez Sánchez precisó: “El ex gobernador no tiene la atribución directa, en un trabajo que tendrán que hacer las autoridades estatales para saber hasta dónde puede alcanzar el deslinde de responsabilidades”. Ya se presentaron unas 30 denuncias por las irregularidades cometidas en beneficio de los contribuyentes, pero serán las autoridades correspondientes del estado, explicó el funcionario, las que determinen las responsabilidades y deslinden, en su caso a los servidores públicos que no participaron en el quebranto.

Apenas el pasado 20 de noviembre, el órgano fiscal informó a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación: “Sanciona SAT al gobierno de Sonora por incumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”.En el anuncio el organismo instó a los contribuyentes a “tomar en cuenta que entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre, el gobierno del Estado no puede ejercer facultades de fiscalización, pues estas corresponden al SAT”. En la misma publicación se estableció además que el gobierno estatal dejaría de ejercer las facultades de comprobación, que no tendría derecho a recibir los incentivos correspondientes, y que las facultades se retomarían a partir del 1 de enero de 2016.

“Lo anterior, fue el resultado de un proceso que inició a principios del presente año, derivado de 3 denuncias anónimas en las que se señaló que se beneficiaron a 574 contribuyentes a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora. De acuerdo con la información proporcionada en las mismas se señaló un monto de mil 705 millones de pesos, que se dejaron de cobrar en perjuicio del fisco federal”, se informó sobre el caso.

Este lunes Núñez Sánchez dio un avance sobre el caso al informar de las 30 denuncias que en adelante deberán ser investigadas por autoridades locales como la Contraloría del estado, la Fiscalía Anticorrupción o la Procuraduría de Justicia de Sonora.

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