La Jornada, Opinion

Gustavo Leal F.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 ya documentaba el crecimiento de los microempresarios informales que no registraban establecimiento propio respecto de los que lo hacían conforme a la ley. Hasta 66 por ciento de ellos eran adultos jóvenes entre 25 y 49 años. Con el argumento de que “la competitividad no está por encima del incumplimiento del estado de derecho”, en 2008 el IMSS enfrentó la oposición patronal a la regulación del outsourcing.

El crecimiento de la economía informal, la contratación bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios –creado por la Secretaría de Hacienda– y la falta de adecuada fiscalización frenaba el registro empresarial al IMSS. Entre 2005 y 2007 sólo una de cada 10 fue dada de alta. El IMSS reconocía que “hay un problema muy grande de economía informal y de trabajadores que, cobrando sólo por comisiones y honorarios, no tienen protección”.

Bajo la figura de esos honorarios, el alta del trabajador coincide con que el patrón retiene el impuesto y lo entera directamente al fisco. A pesar de disponer de un convenio específico con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el intercambio de sus bases de datos, la fiscalización del IMSS con miras a evitar la elusión-evasión de cuotas obrero-patronales para este tipo de esquemas ha sido escandalosamente pobre. La disparidad de datos entre el IMSS y el Inegi ha sido también evidente.

La misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que el IMSS incumplía su ley (artículo 251) al dejar de afiliar a quienes estarían obligados. En 2008 apenas 19 por ciento del total de éstos lo hacían. De los 4 millones 290 mil obligados a inscribirse, 3 millones 475 (81 por ciento) entre personas físicas y morales estaban fuera del registro. Para la ASF, las herramientas informáticas que simplifican los trámites de afiliación: IMSS desde su empresa, kioscos informáticos y la difusión de cartas de derechos y deberes patronales eran insuficientes. Por tanto, recomendó al IMSS que instruyera a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias, “a fin de implementar programas de aplicación de cobertura, a efecto de garantizar el registro de los patrones y demás sujetos obligados a los que les corresponda afiliarse a la seguridad social y así cumplir con lo dispuesto en la ley”.

A los trabajadores afiliables al IMSS y que no lo están, el patrón los “esconde” en su propia casa. Datos institucionales revelan que, para 2008, del total de asalariados que deberían estar cotizando y no lo hacen, 27 por ciento laboraban en el domicilio de su patrón. Este segmento excluye a los trabajadores domésticos, que de acuerdo con la ley no son de afiliación obligatoria. Influye también el desconocimiento sobre los derechos de los trabajadores. La ley señala que para tener una relación laboral no es necesario el contrato escrito, sólo mantener subordinación (trabajo asalariado) con un patrón. Según estimaciones del IMSS, 90 por ciento de estos empleados que deberían estar afiliados sólo tienen un contrato verbal. Entre los trabajadores que laboran sin local, el IMSS destaca que la proporción de asalariados que están en casa del patrón es más grande que los ambulantes.

A partir de 2008, el SAT, junto con el IMSS, el Infonavit y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) verificarían a las empresas dedicadas a la prestación de servicios profesionales y el suministro de recursos humanos para evitar la evasión y elusión fiscal de “cantidades inmensas” por medio de subcontratistas. Un grupo especial para realizar auditorías a 445 firmas que ofrecían sus servicios con la oferta de dejar de pagar nómina y prestaciones para reducir los costos laborales hasta en 30 por ciento.

Según Carlos Cárdenas Guzmán, entonces vicepresidente de Asuntos Fiscales del IMCP, las autoridades fiscales ya tenían identificado “hasta el automóvil que maneja el principal promotor de este esquema de evasión porque, además, es el único Rolls Royce de su tipo en México”. La expansión del mercado de subcontratistas se daba bajo las figuras de sociedades cooperativas, sociedad en nombre colectivo, integradoras e integradas, sociedades de solidaridad social y hasta sindicatos y uniones.

En el caso de una cooperativa, por ejemplo, se afiliaba como socios a los trabajadores de una persona moral para evadir el registro a IMSS, SAR e Infonavit y las respectivas aportaciones. Se eliminaban aguinaldo y vacaciones, así como el impuesto sobre nómina y el reparto de utilidades.

Hay que agregar el severo impacto de los sindicatos fantasmas de protección sobre las finanzas del IMSS. Durante 2008 detentaban cerca de 92 por ciento de los contratos colectivos del país, cobrando altas cuotas y controlando la sindicalización. La masa de dinero en juego corría a través de “igualas” mensuales a seudolíderes sindicales para mantener “en paz” a los trabajadores. Dirigentes y despachos de abogados a cargo de la venta de protección sindical para las empresas cobraban cuotas por trabajador y recibían “pagos especiales por evento”: despidos masivos y recorte de prestaciones, entre otros.

Esa figura de outsourcing pretende ser legalizada en la “reforma” panista de la Ley Federal del Trabajo presentada al Congreso el 18 de marzo de 2010, publicitada por el secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano, y que se ha ganado a pulso el más unánime de los repudios.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco