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Van 215 empresas por amparo contra el paquete fiscal
Milenio Diario, P4-Política
Redacción
La consultoría Deloitte indicó que ese número representa la mitad de los corporativos inconformes con los cambios al régimen de consolidación, sobre todo el que se refiere al pago retroactivo del impuesto sobre la renta
Por lo menos 50 por ciento de las 429 grandes empresas que se benefician de la consolidación fiscal recurrirán al amparo ante las nuevas condiciones del régimen aprobadas por el Congreso, estimó la consultoría internacional Deloitte.
En conferencia de prensa, el socio del área de impuestos de Deloitte en México, Javier Goyeneche, advirtió que una vez que las empresas cuantifiquen el impacto de la reforma, los grupos empresariales presentarán ese recurso legal.
“Al menos 50 por ciento piensa en un amparo ante los cambios que aprobó el Congreso, pues estas modificaciones responden a una medida desesperada por obtener mayores ingresos para las actuales finanzas públicas”, expresó.
El régimen de consolidación fiscal permite equilibrar las pérdidas y ganancias de diversas empresas pertenecientes a un corporativo. El mecanismo fue adoptado para estimular a las empresas que tributan como si fuesen una sola unidad económica.
La reforma aprobada por el Congreso obliga a las 429 empresas beneficiadas con este régimen a pagar los adeudos generados en años anteriores.
El Legislativo determinó que los consorcios tienen un límite máximo de cinco años para que comiencen a pagar el impuesto sobre la renta. Los primeros dos años deberán liquidar 25 por ciento de la deuda fiscal; en el tercero, 20 por ciento, y en el cuarto y quinto, 15 por ciento.
En opinión de Goyeneche, los problemas en los cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en materia de consolidación fiscal se deben principalmente a la retroactividad con la que ahora se aplicará la legislación, a las imprecisiones en el cálculo y a que los beneficios que hoy son permanentes adquieren la naturaleza de temporales.
“Existen bases para promover estos amparos, porque hay grupos que pagarán más de los beneficios recibidos; sin embargo, las autoridades tendrán la palabra final”, acotó el socio Deloitte.
La Secretaría de Hacienda estimó una recaudación de alrededor de 43 mil millones de pesos en los próximos cinco años gracias a la modificación de este esquema.
El titular de la dependencia, Agustín Carstens, señaló a finales de octubre que debido a este esquema las empresas permanecen sin pagar varios años.
“Basta señalar que los grandes contribuyentes en México pagaron en promedio durante 2007 y 2008 una tasa efectiva de impuesto de 1.8 por ciento respecto de sus ingresos acumulables”, indicó entonces el funcionario.
Por su parte, Óscar Ortiz, también socio del área de impuestos de Deloitte, ratificó que el paquete económico 2010, principalmente la Ley de Ingresos, es recaudatoria y responde a una situación de emergencia y no a las necesidades de la población ni mucho me-
nos de las empresas.
Ortiz y Goyeneche coincidieron en la urgencia de una reforma integral, y propusieron eliminar las exenciones en IVA e ISR para en el futuro analizar el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores que “en realidad lo necesiten”.
Goyeneche dijo que la crisis provocó que muchas empresas recortaran personal y otras hayan hecho esfuerzos para mantenerla, por lo que esta modificación además es una medida que no impulsa la competitividad.
Agregó que otra consecuencia será la falta de liquidez para las empresas, lo que incentivaría a algunas compañías a desincorporar o fusionar subsidiarias con el fin de pagar un menor monto.
