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El Economista

La nueva Ley antilavado podría estar implementándose de manera total entre octubre y noviembre de este año, consideró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

En entrevista, el presidente del organismo, Carlos Cárdenas, dijo que lo anterior podría ser posible sólo si el reglamento correspondiente es publicado en agosto, es decir, como lo prevé la ley.

Cárdenas dijo que por esa misma razón, la contaduría pública organizada en el país no puede emitir una opinión al respecto, ya que hace falta conocer la ley secundaria que dará los lineamientos a seguir para su implementación, pues hasta ahora, solamente conocen el contenido de la ley. “No podemos emitir un juicio sin conocer las reglas”, dijo, al preguntarle si el IMCP ya se encuentra listo para enfrentar las nuevas obligaciones.

Con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los contadores serán nuevos sujetos obligados a cumplirla. Se sumarán junto con otros profesionistas y actividades comerciales a las entidades financieras que lo hacen desde el 2004.

Sin embargo, a diferencia de las instituciones financieras que tienen que emitir reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes, los contadores, como nuevos actores, tendrán que presentar avisos ante la Secretaría de Hacienda sobre posibles acciones con el uso de efectivo.

Tendrán que identificar a sus clientes, proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información de soporte de la actividad vulnerable. Tendrán que designar ante la SHCP un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones.


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