La Jornada, Economía

Juan Carlos Miranda y Susana González G.

Frente al mayor boquete fiscal registrado en las finanzas públicas en los últimos 30 años, partidos políticos y organismos cúpula del sector privado no han podido ponerse de acuerdo sobre las propuestas para resolverlo y la discusión se ha centrado en gravar alimentos y medicinas.

En vísperas de que el presidente Felipe Calderón entregue al Congreso de la Unión su propuesta de presupuesto para el próximo año, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) demandó que se generalice el impuesto al valor agregado (IVA) para todos los bienes y servicios, incluyendo alimentos y medicinas, con una tasa del 15 por ciento.

En inusual conferencia de prensa realizada este domingo, Luis Foncerrada Pascal, director del CEESP, planteó que para compensar la afectación que dicho gravamen tendrá en las familias más pobres del país, el gobierno federal debe fortalecer y aumentar el monto de las transferencias de los programas sociales, como Oportunidades o Desayunos Escolares.

El directivo argumentó que no aplicar el IVA “solamente ha beneficiado a los grupos menos pobres de México, afectando seriamente la capacidad recaudatoria del gobierno”, y consideró que los cuestionamientos al respecto “son banderas políticas, poderosas, pero engañosas”.

También planteó “reforzar el impuesto a la gasolina”, porque resulta “fácil de administrar”; eliminar el impuesto sobre la renta (ISR) y conservar el empresarial a tasa única (IETU), así como desaparecer los regímenes especiales y también las secretarías de la Reforma Agraria, de Turismo y de la Función Pública.

“Generalizar el IVA es uno de los mejores instrumentos para ampliar la base gravable, mejorar la efectividad del impuesto y reducir la evasión fiscal. El CEESP recomienda mantener la tasa general en 15 por ciento y generalizarla a todos los bienes y servicios (incluyendo zonas fronterizas, tasa cero y exentos)”, puntualizó el instituto en el documento Por una reforma integral de las finanzas públicas.

Con la desaparición de los regímenes o tratamientos especiales, incluidos aquellos que se aplican a la agricultura y al transporte terrestre, el CEESP calculó que se obtendrán 400 mil millones de pesos.

El organismo sentenció que desde hace muchos años la asignación del gasto público “ha sido un fracaso, independientemente del partido en el poder. No querer asumir los costos políticos ha imposibilitado reformas reales que impulsen la economía… El gasto público de México no es transparente y la rendición de cuentas sigue ausente”.

Divergencias en el sector privado

Si bien el CEESP es un órgano dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Foncerrada Pascal puntualizó que tales propuestas no necesariamente representan la opinión del organismo cúpula, cuyo presidente, Armando Paredes, ha manifestado que esperará hasta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga público el paquete fiscal para fijar su postura.

No obstante, la mayoría de las 12 cámaras empresariales que conforman el CCE no han dejado de insistir durante las últimas semanas en que es urgente y necesario aplicar el IVA generalizado.

Tal es el caso de Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, quien el 27 de agosto dijo que se debe aplicar una tasa inicial de entre 3 y 4 por ciento del IVA a alimentos y medicinas, la cual posteriormente debe aumentarse de manera paulatina.

Para el titular de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburguer, “el escenario ideal” es que exista un IVA de 10 por ciento general, pero debe ser gradual para el caso de los alimentos y medicinas.

Sin embargo, en el sector privado no hay uniformidad de opiniones sobre el aumento de los impuestos: compañías como Bachoco, Lala, Bimbo y Danone –todas agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que también forma parte del CCE– rechazaron la medida. Juan Carlos Cortés, presidente del CNA, expresó que gravar alimentos y medicinas afectaría a las clases más necesitadas y también al sector agropecuario.

En el mismo tenor, el empresario Carlos Slim dijo que está “mal” gravar los bienes de consumo, en especial los artículos de la canasta básica, y recomendó cuidar la capacidad de compra de las personas de menores ingresos.

En el Congreso de la Unión, escenario donde se decidirá la política fiscal para el próximo año, los principales actores políticos parecen haber cerrado filas contra el IVA, mientras la Secretaría de Hacienda se ha limitado a declarar que la generalización y elevación de tal gravamen sólo es una de las propuestas que se analizan para intentar tapar el faltante de 300 mil millones de pesos de las arcas públicas.

Los tres principales grupos parlamentarios (PRI, PAN, PRD) pero también los llamados partidos pequeños (Panal, PT y Convergencia), han expresado su rechazo a una eventual alza de impuestos. De hecho, durante la sesión de apertura de la 61 Legislatura, todos, con excepción de Acción Nacional, advirtieron que no permitirán que se afecte a la población gravando alimentos y medicinas.

Pero también el partido en el gobierno, el PAN, saltó contra el eventual gravamen. César Nava, dirigente nacional del blanquiazul, descartó que su bancada apruebe la aplicación de la medida, a pesar de que hace ocho años los panistas defendieron el aumento de impuestos durante el primer año de gobierno de Vicente Fox.

La lideresa del PRI, Beatríz Paredes Rangel, se manifestó en el mismo sentido, aunque Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), reveló que, antes de las elecciones del pasado 5 de julio, tanto la priísta como el entonces presidente del PAN, Germán Martínez, se habían mostrado a favor de aplicar el gravamen.