Al continuar las audiencias públicas sobre la reforma hacendaria 2014, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados recibió la participación y propuestas de representantes de la industria minera, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como diversas organizaciones y asociaciones de contaduría pública del país, entre otros.

El sector de la minería en México, se manifestó contra la iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos, propuesto en el paquete fiscal enviado por el Ejecutivo.

Sergio Almazán Esqueda, de la Cámara Minera de México, destacó que en los últimos años la minería nacional ha tenido un desempeño sobresaliente; sin embargo, la propuesta para una regalía del 7.5 por ciento a las ganancias de las compañías mineras y el 0.5 por ciento sobre los ingresos que obtengan por la producción de oro, plata y platino, pondría en riesgo a esta industria.

Destacó que de acuerdo con estimaciones del sector, en los próximos seis años habría una inversión de 30 mil millones de dólares, lo que generará 100 mil nuevos empleos, pero de aprobarse la iniciativa, las inversiones se contraerían en un 60 por ciento.

Es decir, explicó, solamente se crecería en el orden de 12 mil millones de dólares y, únicamente, se obtendrían 40 mil nuevos empleos y un efecto inmediato de pérdida de competitividad.

Agregó, que actualmente, México tiene en el sector minero una carga fiscal de 40.65 por ciento por debajo de Perú y Chile, en Latinoamérica. Sin embargo, de aplicarse la reforma, nos convertiríamos en el país más caro para invertir en este rubro con una carga total tributaria del 57.22 por ciento, lo que limitaría la exploración y explotación de las reservas y condenaría a la pequeña minería a su desaparición.

Por su parte, Ricardo Montaño Martínez, presidente de la Federación Mexicana de Minería Sustentable, coincidió en que los pequeños mineros no aguantarían un incremento tributario más. “Un incremento al 8.5 por derechos especiales como se propone, nos daría la puntilla”.

Aunado a ello, dijo, el sector minero ha sido castigado por la inseguridad, al grado de que el robo de minerales es el primer negocio del crimen organizado. Por tal motivo, exhortó a los legisladores a que consideren a la minería dentro de los rubros de seguridad nacional.

La presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson, destacó que de los 14 mil 300 millones de dólares de inversión canadiense en México, el 50 por ciento corresponde a la minería.

Dijo que la minería a nivel mundial pasa por malos momentos. Citó como ejemplo que en 2009, la Bolsa de Toronto destinó 6 mil millones de dólares para proyectos mineros en América Latina, pero en 2012 se disminuyó a mil 900 millones y en lo que va del año apenas rebasa los 700 millones de dólares. Precisó que de esos mil 900 millones, se destinó a México, en 2012, el 50 por ciento.

Afirmó que desde que se anunció la propuesta de reforma fiscal, las inversiones en el país disminuyeron a un 30 por ciento en el primer semestre y en lo que va del segundo, bajaron todavía más hasta alcanzar un 25 por ciento, a diferencia de Perú, Brasil, Colombia y Chile, donde la inversión se mantuvo, e incluso se incrementó. Pidió a los legisladores cuidar la competitividad de México en este sector.

José Martínez Gómez, de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, aseguró que este gremio contribuye a tener una minería más moderna y competitiva; sin embargo, a raíz de la propuesta de Reforma Fiscal, se ha visto seriamente amenazado por la disminución de las inversiones.

Agregó que, a diferencia de otros países de América Latina, México se ha vuelto caro para los inversionistas. Adicionalmente, “somos el único país sin ningún incentivo en función de la exploración minera y somos uno de los dos únicos países que pagamos reparto de utilidades a nuestros trabajadores, lo que son costos adicionales”, precisó.

Se refirió al marco jurídico que norma a esta industria, a la que “se aplican 27 leyes y 9 normas”. Somos, dijo, “la industria más reglamentada en este país, por lo que estamos en un problema grave”, concluyó.

Posteriormente, la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal Ladrón de Guevara, indicó que la iniciativa de reforma hacendaria enviada por el Ejecutivo recoge temas que buscan una mejor protección en los derechos de los contribuyentes, como la inmovilización de cuentas bancarias y los acuerdos conclusivos.

Asimismo, la Prodecon ha posicionado diversos temas en esa iniciativa como la simplificación fiscal, la incorporación a la formalidad y el combate a la evasión; la seguridad y certeza jurídica y el fomento de una relación más transparente y, ágil entre el fisco y los contribuyentes.

Consideró que la propuesta plantea modificaciones al Código Fiscal Federal en materia de simplificación y el impulso de herramientas electrónicas que faciliten cumplimiento de obligaciones tributaria y minimicen los gastos de control, la eliminación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como permitir el pago de contribuciones con tarjetas de crédito y débito.

Además, contempla mecanismos que eviten la elusión de impuestos; afirmó que la Prodecon se ha pronunciado por tolerancia cero a la evasión fiscal y reconoce la necesidad de un artículo que contenga dicha regla.

Por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Alberto Tiburcio Celorio, estimó que el Dictamen Fiscal es un instrumento valioso que apoya la fiscalización en el país, por lo que debe mantenerse de manera optativa, dada su utilidad y efectividad en la recaudación.

Sostuvo que se pueden estar sobrestimando los recursos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que pueden llegar a tener un impacto negativo en la recaudación fiscal, lo que es importante que se evalúen objetivamente los alcances y posibilidades y, en su caso, se dirijan con más intensidad a los contribuyentes menos fiscalizados.

El fiscalista Eduardo Méndez Vital, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, aseguró que existen conceptos muy peligrosos que no se aclaran en la propuesta de Reforma Hacendaria, como la recaracterización de operaciones, responsabilidad penal de personas morales y el responder con el patrimonio en caso de incurrir en un delito fiscal.

“Preocupa la redacción”, afirmó, y aclaró que “no estamos en desacuerdo en que la reforma se haga, pero que se haga con más detalle y se apuntalen estos temas que son muy preocupantes”. Argumentó, que se tiene todo el soporte jurídico para advertir estas preocupaciones.

Enseguida, Luis Navarro Ortega, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), coincidió en conservar el Dictamen Fiscal optativo, ya que “existen muchos empresarios que con la ayuda de los contadores públicos pueden evitar desembolsos innecesarios”.

Consideró que quitar dicha herramienta fiscal impactaría la docencia de contaduría, en niveles educativos superiores y de posgrado, así como a los ambientes socio-laborales, donde la dictaminación fiscal, según estudios de la AMCP, remunera directamente a alrededor de 100 mil profesionistas.

De la misma asociación, Jorge Briones Gómez coincidió en que no se elimine el Dictamen Fiscal, dado que es una herramienta que da seguridad jurídica a los contribuyentes. Manifestó disposición de colaborar y “definir qué elementos necesitan los dictámenes fiscales e impedir la eliminación del 32-A del Código Fiscal de la Federación”.

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