La Jornada, Economía

Miriam Posada García

En representación de todos los operadores de telecomunicaciones establecidos en el país, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) entregó ayer a la Cámara de Diputados los argumentos de la industria en contra de la aplicación del impuesto de 4 por ciento a los productos y servicios del ramo.

Respaldada por académicos y empresarios, la Canieti expuso en el documento enviado a los legisladores que el impacto sobre los consumidores será mayor entre los de menores recursos, quienes pagarán alrededor de 50 por ciento más por servicios como telefonía móvil y uso de Internet.

Destacó que en el segmento socioeconómico más pobre –con ingresos de 2 mil 700 pesos al mes– alrededor de 70 por ciento de la población tiene servicios de telefonía móvil y requiere usar Internet por razones de trabajo, trámites o como parte de su preparación escolar, oportunidades que se les podrían cerrar o limitar por el encarecimiento de esas herramientas de comunicación e información.

El director de asuntos regulatorios de América Móvil, Daniel Bernal, advirtió que si el impuesto pasa será más remota la posibilidad de que los mexicanos puedan tener acceso a tecnologías de la información como la banda ancha, y tendrá un efecto negativo en la industria.

Luego de participar en el foro sobre la entrada de operadores móviles virtuales (OMV), convocado por la consultoría Everis, el ejecutivo aseguró que en América Móvil entienden la necesidad del gobierno federal de obtener mayores recursos fiscales, “pero ésa no es la manera de obtenerlos, y la preocupación se centra en la afectación del sector”.

América Móvil había fijado su postura a través de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), a la que pertenece a través de su firma Telcel.

Daniel Bernal dijo que la industria en pleno coincide en que la aplicación de 4 por ciento por impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) irá en contra del discurso oficial de promover la penetración de banda ancha en la población, así como el uso de tecnologías de la información (TIC).

“Se trata de un impuesto directo sobre el servicio, que tiene las implicaciones de reducir la brecha de consumo disponible. No es un asunto de reducir inversiones. Al final nosotros sentimos que va a afectar la dinámica de crecimiento del mercado y eso implica que si el mercado es más pequeño, va a pagar menos impuestos y va a haber menos disponibilidad para reinvertir”, destacó.

Hay datos de que por cada 10 por ciento de penetración adicional de los servicios de telecomunicaciones, el impacto en el crecimiento del PIB es de 0.8 por ciento, expuso.

Por primera vez, la siempre enfrentada industria de las telecomunicaciones se unió para defenderse y a través de la Canieti, la Anatel, la Asociación Mexicana de Concesionarios de Trunkin, la Asociación Mexicana de Internet y nueve instituciones académicas y empresariales más, advirtió en el análisis enviado a los legisladores que la aplicación del IEPS agravará la crisis económica del país.

Destacó además que se destruirá la capacidad de la industria de telecomunicaciones –que venía creciendo a ritmos de 33 por ciento anuales hasta 2008–, de generar y conservar empleos, y también se limitará el desempeño de 8 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que usan estos servicios como parte de su trabajo y generación de empleos.

El encarecimiento de estos servicios desincentivará la competencia en el sector; incrementará las barreras para que más mexicanos compren computadoras y contraten Internet, ya que en 2008 apenas había en el país 11.3 millones de computadoras conectadas a ese servicio, y entre los más afectados estarán los niños, ya que seis de cada 10 mexicanos de entre 12 y 19 años necesitan conectarse a la red.

Viene licitación de frecuencias

Luego de participar en el seminario sobre OMV de Everis, José Luis Peralta, miembro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), aseguró que la semana entrante se lanzará al mercado la licitación para las bandas de 1.7 y 1.9 gigahercios para telefonía móvil y tercera generación (3G), luego de que este órgano regulador y la Comisión Federal de Competencia (CFC) llegaron a un acuerdo sobre los límites de acumulación de espectro que se impondrán a los operadores para evitar especulación.

Detalló que para la frecuencia de 1.9, el límite de acumulación de espectro será de 70 megahercios, y en la de 1.7 será de entre 80 y 90 megas, lo que permitirá dar más equilibrio al mercado y oportunidad para que los operadores concursen en las dos bandas.