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El Universal. El SAT, más activo para recaudar, dice IMCP. 21 de mayo de 2015
Nuevas facultades permiten al órgano acceder a más datos y detectar movimientos de los contribuyentes, afirma
Las autoridades hacendarias han intensificado los actos de fiscalización contra las personas físicas y morales en los últimos años, lo cual le ha permitido contar con mayor información, reveló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
En conferencia de prensa, la vicepresidenta general del instituto, Leticia Hervert, reconoció que las nuevas facultades del SAT le permiten acceder a mayores datos de los contribuyentes, de manera que pueda detectar más los movimientos fiscales y financieros que realizan.
“Es evidente que las autoridades fiscales cuentan con diversos mecanismos para detectar signos de capacidad contributiva de las personas físicas, con los cuales están en la posibilidad de determinar, en forma directa o de manera presuntiva, la omisión del pago de impuestos”, dijo.
El año pasado el fisco logró recaudar 156 mil millones de pesos por medio de actos de fiscalización, una cifra récord en ese rubro.
Uno de los nuevos elementos fiscalizadores de la autoridad es la discrepancia fiscal, mecanismo por el cual el SAT puede atribuir una presunción de ingresos a los contribuyentes que sean personas físicas.
“Si bien es cierto que la discrepancia fiscal puede presentarse como un signo de riqueza de las personas que no han declarado la totalidad de los ingresos que perciben, también puede producirse por falta de soporte y control adecuado de la procedencia de los ingresos y movimientos financieros que realiza, generando repercusiones económicas importantes y poniendo en riesgo su patrimonio”, comentó.
El Banco de México reveló que las nuevas medidas que introdujo la reforma hacendaria, entre las que se encuentra la discrepancia fiscal, motivaron a un mayor uso de efectivo.
Por separado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) notificó ayer al SAT el análisis sistémico relativo a la incertidumbre jurídica a la que se enfrentan los contribuyentes cuando son objeto de acciones de cobro persuasivo, ya que estas no se desarrollan conforme a las mejores prácticas administrativas.
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